La deuda acumulada con subcontratistas en proyectos de infraestructura ejecutados en el Perú superaría los S/3.000 millones, según denuncian empresarios que participaron en obras desarrolladas mediante consorcios entre compañías extranjeras y firmas locales. El problema surge en un contexto en el que el país enfrenta un déficit de infraestructura estimado en más de 110.000 millones de dólares, de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad del Pacífico y EY Consultores.
Diversos emprendedores peruanos que participaron como proveedores o subcontratistas en obras públicas aseguran que, pese a haber cumplido con los contratos y las exigencias técnicas establecidas, no han recibido los pagos correspondientes por parte de los consorcios responsables de los proyectos. Esta situación, afirman, ha generado graves consecuencias financieras para pequeñas y medianas empresas del sector construcción.
Uno de los casos expuestos es el de Luis Caballero Campos, gerente de la empresa BANAH, quien señala que su compañía enfrentó un severo quiebre financiero tras no recibir los pagos pactados por trabajos ejecutados en obras vinculadas a proyectos de infraestructura.
Subcontratistas denuncian incumplimientos de pago
Según Caballero, su empresa cumplió con los requerimientos técnicos y contractuales en los proyectos en los que participó, pero posteriormente enfrentó retrasos e incumplimientos en los pagos por parte de los contratistas principales.
“Es algo realmente muy desalentador. Generamos un emprendimiento con mucho entusiasmo, cumplimos legalmente, operamos con calidad técnica y actuamos con responsabilidad frente a nuestros trabajadores y proveedores. Al final, las grandes corporaciones que ganan las licitaciones no cumplen con pagarnos, nos imponen penalidades y nos perjudican económicamente”, sostuvo.
El empresario señala que las consecuencias del incumplimiento de pagos no solo afectan a las empresas subcontratistas, sino también a sus trabajadores, proveedores y familias.
“Esto termina afectando nuestras obligaciones cotidianas, desde el pago a nuestros colaboradores hasta responsabilidades personales como los estudios y la alimentación de nuestros hijos”, agregó.
Contratos vinculados a consorcios internacionales
De acuerdo con la información proporcionada por el empresario, la empresa BANAH mantiene pendientes procesos de liquidación contractual y cierre de subcontratos suscritos entre los años 2021 y 2022 con el Consorcio Sinohydro & Proyecta (S&P), cuyos representantes son Liu Dafeng y Zhao Xu.
Estos contratos estaban relacionados con proyectos desarrollados para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). En ese marco, la empresa ejecutó trabajos de movimiento de tierras, contención y drenaje en el distrito de San Juan de Tantaranche, en la provincia de Huarochirí.
Caballero explica que actualmente permanecen pendientes varios procesos administrativos, entre ellos el cierre contractual, la devolución de retenciones y la evaluación de eventos compensables derivados de factores climáticos que afectaron el desarrollo de la obra.
El empresario sostiene que ha solicitado en reiteradas ocasiones una mesa de diálogo con el consorcio para alcanzar una liquidación contractual justa, sin obtener respuesta favorable.
Llamado a intervención de entidades del Estado
Ante esta situación, el representante de BANAH ha solicitado la participación de distintas entidades del Estado para facilitar un proceso de solución.
Entre las instituciones mencionadas se encuentran la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, a las que pide intervenir para garantizar transparencia en los procesos contractuales.
Caballero señala que, si bien existen empresas extranjeras que cumplen adecuadamente con sus compromisos, también hay casos en los que las relaciones contractuales con compañías internacionales generan dificultades para los subcontratistas peruanos.
“Hay muchos emprendedores que brindaron servicios como subcontratistas a empresas asiáticas y terminaron perdiendo. Varias de estas compañías llegan al país a través del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional”, afirmó.
En ese contexto, el empresario cuestionó el rol que cumplen algunas entidades estatales en la supervisión de los contratos de obras públicas.
Impacto financiero en pequeñas empresas
El incumplimiento de pagos ha generado una cadena de problemas financieros para las empresas afectadas. Según Caballero, la falta de ingresos comprometidos obligó a su empresa a asumir deudas con distintas instituciones y proveedores.
“No nos pagan y ahora tenemos deudas con nuestros trabajadores, proveedores y entidades como SUNAT, SUNAFIL, SENCICO, CONAFOVICER y las AFP. Incluso enfrentamos demandas judiciales”, explicó.
El empresario también relató que tuvo que vender un departamento para poder financiar el avance de la obra y cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores y trabajadores.
“Queremos conversar dentro de los mejores términos con los representantes de la empresa y encontrar una solución viable”, enfatizó.
Riesgos para proyectos de infraestructura
La situación descrita por los subcontratistas se produce en un contexto en el que el Perú enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura.
Según el estudio de la Universidad del Pacífico y EY Consultores, el país mantiene una brecha de inversión superior a los 110.000 millones de dólares, lo que representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y la competitividad nacional.
En ese escenario, los conflictos contractuales entre contratistas principales y subcontratistas podrían afectar el avance de diversas obras.
De acuerdo con estimaciones mencionadas por empresarios del sector, la deuda acumulada con subcontratistas podría estar vinculada a la paralización de 22 proyectos considerados críticos, además de generar el riesgo de arbitrajes contra el Estado por aproximadamente S/8.000 millones durante el periodo 2025-2026.
Los empresarios advierten que esta situación podría desalentar la participación de pequeñas y medianas empresas peruanas en proyectos de infraestructura, lo que terminaría afectando el desarrollo del sector construcción.
En ese contexto, solicitan una mayor supervisión del Estado en los procesos de contratación pública y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los consorcios que ejecutan obras de gran escala.