La Comisión de Ética del Congreso aprobó el inicio de una investigación preliminar contra la legisladora Milagros Jáuregui (Renovación Popular). La denuncia se centra en la presunta exposición pública de menores de edad víctimas de violación sexual, quienes reciben acogida en el centro residencial “La Casa del Padre”, fundado por la parlamentaria y su esposo en Cieneguilla.
Señalamientos de la congresista
Tras conocerse la decisión, Jáuregui expresó su disconformidad y dirigió sus críticas hacia las congresistas Flor Pablo, Ruth Luque y Silvana Robles, a quienes responsabilizó de promover lo que calificó como un «cargamontón». En un tono desafiante, la legisladora les sugirió imitar su labor social. “Me encantaría que, si ellas son tan defensoras de la niñez, ¿por qué no abren un hogar y ayudan al Estado? ¿Por qué tiran piedras a una persona que sí ha dado todo?”, cuestionó.
Durante su defensa ante la comisión, Jáuregui sostuvo que no tiene injerencia en la administración directa del albergue desde hace cinco años. Aseguró que las fotografías cuestionadas no fueron publicadas en sus redes personales ni oficiales como congresista, sino en las cuentas institucionales del Centro de Acogida Residencial (CAR), el cual cuenta con su propia estructura administrativa y una directora responsable.
Polémica por el enfoque de «La Casa del Padre»
El albergue recibe a madres adolescentes y jóvenes embarazadas derivadas por el Estado. Sin embargo, el centro ha sido objeto de críticas por presuntas prácticas de adoctrinamiento religioso y por la postura de sus fundadores contra el aborto terapéutico, incluso en casos de violación. Este enfoque ha despertado preocupación en diversos sectores sobre el tipo de acompañamiento psicológico que reciben las menores vulnerables.
Renovación Popular deslina de su integrante
Pese a pertenecer a sus filas, el partido Renovación Popular emitió un comunicado marcando distancia de la legisladora. La agrupación política enfatizó que el dolor de niñas y adolescentes no debe ser utilizado con fines políticos ni convertido en un símbolo público. Asimismo, remarcaron que la identidad de las menores en situación de vulnerabilidad debe ser protegida estrictamente y bajo ninguna circunstancia debe ser expuesta.