En una decisión histórica para la protección de los programas sociales, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) falló a favor del Estado peruano en el proceso iniciado por el Consorcio COPSA. El tribunal declaró infundadas todas las pretensiones de la parte demandante, ratificando la validez de la resolución del contrato N.º 0004-2024-CC-AYACUCHO 1, cuyo valor supera los 6 millones de soles.
Cabe destacar que el consorcio derrotado está integrado por la empresa FRIGOINCA, firma que estuvo bajo el escrutinio público por sus vínculos con la entrega de alimentos no aptos para el consumo humano. La defensa legal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) estuvo liderada por los procuradores públicos Andrey Gálvez Ricse y Renan Salas Soliz, quienes lograron desestimar no solo la validez del contrato, sino también un pedido de indemnización adicional por S/ 617,979.28.
Protección de la alimentación escolar
Esta resolución arbitral, emitida el pasado 2 de marzo de 2026, representa un espaldarazo a la gestión del programa WasiMikuna (actualmente Programa de Alimentación Escolar). La decisión permite que el presupuesto estatal se mantenga enfocado en brindar un servicio óptimo a favor de más de cuatro millones de niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad a nivel nacional.
«El fallo garantiza que las empresas con antecedentes de poner en riesgo la salud de los menores no puedan lucrar a costa del Estado mediante procesos legales», señalaron fuentes cercanas a la Procuraduría del MIDIS.
Antecedentes de FRIGOINCA
La empresa FRIGOINCA, anteriormente dirigida por el fallecido Nilo Burga, ha sido protagonista de diversas denuncias por irregularidades en la calidad de sus insumos. El arbitraje analizado buscaba forzar al Estado a reconocer un contrato que el MIDIS decidió resolver para salvaguardar la integridad de los escolares en Ayacucho.
Con este resultado, el MIDIS reafirma su política de tolerancia cero ante proveedores que no cumplan con los estándares de inocuidad alimentaria, sentando un precedente importante para futuros procesos de contratación pública en el sector social.