El Tribunal Constitucional rechazó el pedido del exjuez supremo César Hinostroza para dejar sin efecto la prisión preventiva por 36 meses que pesa en su contra, así como la suspensión de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional. La decisión se adoptó al declarar improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa, vinculada al proceso por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Improcedencia por cosa juzgada constitucional
Según la resolución del máximo intérprete de la Constitución, los extremos planteados por la defensa de Hinostroza ya fueron materia de un pronunciamiento de fondo previo, con carácter de cosa juzgada constitucional. En ese sentido, el TC recordó que existe una sentencia emitida en septiembre de 2020 en la que se evaluó una demanda similar y se concluyó que la imposición de la prisión preventiva no vulneró el debido proceso ni el principio de legalidad.
El colegiado sostuvo que, en aquella oportunidad, se determinó que el órgano jurisdiccional penal actuó dentro de los márgenes constitucionales al considerar que existían fundados y graves elementos de convicción que vinculaban al imputado con la presunta comisión de delitos. Por ello, el TC descartó reabrir el debate sobre resoluciones judiciales y legislativas ya examinadas.
Los argumentos de la defensa
La defensa del exmagistrado alegó una supuesta vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el secreto de las comunicaciones, el derecho a un juez legal y el procedimiento predeterminado por ley. Sostuvo que la prisión preventiva se habría sustentado en grabaciones telefónicas que —según su posición— no habrían pasado por un control previo de legalidad y, por tanto, constituirían prueba ilícita.
Asimismo, solicitó que se declare la nulidad de diversas resoluciones judiciales emitidas entre octubre y noviembre de 2018, incluyendo la detención preliminar, la formalización de la investigación preparatoria y la confirmación de la prisión preventiva por 36 meses. La defensa también pidió la nulidad de resoluciones legislativas que habilitaron la formación de causa en el Congreso y la devolución del caso para un nuevo procedimiento de antejuicio político.
Respuesta del Tribunal Constitucional
El TC desestimó estos planteamientos al señalar que las controversias sobre la validez de las resoluciones judiciales y legislativas ya fueron analizadas y resueltas en una sentencia previa. En esa línea, enfatizó que no corresponde reexaminar materias que cuentan con un pronunciamiento firme, pues ello afectaría la seguridad jurídica.
El tribunal recordó, además, que en la sentencia de 2020 se concluyó que la autoridad judicial sí motivó adecuadamente la imposición de la medida coercitiva, explicando por qué concurrían los presupuestos exigidos por la ley para dictar prisión preventiva, en observancia de estándares constitucionales.
Delitos imputados y situación actual
César Hinostroza afronta investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal, todos ellos vinculados al entramado de corrupción revelado por los audios del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En el ámbito parlamentario, el proceso de acusación constitucional fue tramitado en el Congreso de la República, que habilitó la persecución penal en su contra.
Actualmente, el exjuez supremo se encuentra fuera del país y enfrenta pedidos de extradición formulados ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde permanece radicado. La vigencia de las órdenes de captura se mantiene, al igual que el mandato de prisión preventiva, tras la decisión del Tribunal Constitucional.
Alcances políticos y judiciales del fallo
La resolución del TC reafirma la línea jurisprudencial que limita el uso del hábeas corpus cuando se pretende reabrir debates ya resueltos con carácter definitivo. En términos judiciales, el fallo refuerza la validez de las actuaciones realizadas en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y consolida la continuidad de los procesos penales en curso.
Desde una perspectiva institucional, la decisión también subraya el rol del Tribunal Constitucional como garante de la estabilidad del sistema judicial, al impedir que se utilicen acciones constitucionales para cuestionar indefinidamente medidas cautelares debidamente motivadas.