La Corte Suprema revisará la resolución judicial que rechazó el pedido de la expresidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional presentada en su contra por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso. El caso está relacionado con la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
La Sala Penal Permanente del máximo tribunal declaró “bien concedido” el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la exmandataria. Con esta decisión, la Corte Suprema deberá evaluar si corresponde revocar la resolución emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien en junio de 2025 declaró infundada una tutela de derechos presentada por Boluarte.
Los alcances del recurso de apelación
La apelación busca revertir la decisión judicial que desestimó el pedido de nulidad de las disposiciones fiscales emitidas durante la investigación preliminar. Según la defensa legal de la exjefa de Estado, se habrían vulnerado derechos fundamentales al haberse realizado actos de investigación de carácter reservado sin una debida justificación legal.
Entre los principales argumentos se señala una presunta interpretación indebida del artículo 324, numeral 2, del Código Procesal Penal, referido al carácter secreto de determinadas diligencias fiscales. Asimismo, se alega la vulneración del derecho a la defensa y del principio de igualdad de armas, considerando que Boluarte ya no ostenta el cargo de presidenta.
Investigación y presuntos delitos
La investigación fiscal contra la exmandataria se centra en los presuntos delitos de encubrimiento personal agravado y otros, en perjuicio del Estado. El caso se origina por la decisión de desactivar el equipo policial que colaboraba con el Eficcop, medida que fue cuestionada por el Ministerio Público y derivó en la presentación de una denuncia constitucional ante el Parlamento.
En la tutela de derechos, la defensa también cuestionó la reserva de las declaraciones de agentes encubiertos identificados como “Rene” y “Carlos”, así como la ampliación de testimonios de altos oficiales y exfuncionarios vinculados al caso. Según la defensa, dicho material probatorio debería ser excluido de la investigación fiscal.
Lo que resolvió el juez supremo
El juez supremo Juan Carlos Checkley sostuvo que la tutela de derechos fue presentada cuando su despacho ya no tenía competencia para pronunciarse, debido a que la Fiscalía de la Nación había formulado la denuncia constitucional ante el Congreso meses antes. En ese contexto, precisó que el proceso había pasado al fuero parlamentario, motivo por el cual desestimó la solicitud.
No obstante, la Corte Suprema consideró que el recurso de apelación cumple con los requisitos objetivos, subjetivos y formales establecidos en la ley, por lo que en los próximos días se deberá fijar fecha y hora para una audiencia virtual en la que las partes expondrán sus argumentos. Tras ello, el tribunal emitirá una decisión definitiva.
La información fue difundida inicialmente por RPP Noticias, medio citado en la resolución judicial a la que tuvo acceso la prensa.