En una respuesta contundente al incremento de delitos como el sicariato, la extorsión y el homicidio, el Gobierno de Perú oficializó la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, tendrá una vigencia de 30 días calendario, periodo en el cual la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Bajo el amparo del artículo 137 de la Constitución, durante este tiempo quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Esta decisión se sustenta en informes de inteligencia que advierten una situación crítica que afecta gravemente la convivencia social en la capital y el primer puerto.
Comando Unificado y control territorial
Para operativizar la medida, se ha dispuesto la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO). Este organismo, liderado por el comandante general de la PNP, integra a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejército y gobiernos locales. El objetivo es centralizar la planificación de operativos continuos basados en mapas del delito y análisis predictivo.
Entre las acciones inmediatas se incluyen:
- Patrullajes integrados: Vigilancia permanente entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo en zonas críticas.
- Prohibición en motocicletas: Se restringe el tránsito de dos adultos en motos lineales (categorías L1 y L3), con excepciones limitadas.
- Control de identidad: Intervenciones intensificadas en la vía pública, transporte privado y buses de servicio público.
- Decomiso de armas: Operativos masivos en coordinación con Sucamec para retirar armamento y explosivos ilegales de las calles.
Tecnología e Inteligencia contra el crimen
La estrategia de este estado de emergencia incorpora el uso de inteligencia predictiva y tecnología de vanguardia. Un comité especializado implementará un sistema integrado de videovigilancia que utilizará drones, algoritmos de reconocimiento facial y, por primera vez, monitoreo satelital con el apoyo de la Agencia Espacial del Perú para vigilar zonas de alto riesgo.
Además, en el ámbito judicial, se ha dispuesto un refuerzo presupuestal para el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de garantizar protección especial a jueces y fiscales que lideren casos de criminalidad organizada. Asimismo, se fortalecerá la Central Única de Denuncias para facilitar los reportes ciudadanos en línea.
Evaluación y resultados
El cumplimiento de estas medidas será evaluado periódicamente por el Ejecutivo. La continuidad de la emergencia más allá de los 30 días iniciales dependerá estrictamente de los resultados obtenidos en la reducción de los índices delictivos, informes que deberán ser remitidos a la Presidencia de la República y al Congreso para su análisis.