El sistema de justicia en el Perú se encuentra al borde del colapso funcional. Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, lanzó una dramática advertencia al señalar que el Ministerio Público atraviesa la peor crisis financiera de su historia. De no mediar una solución inmediata por parte del Ejecutivo, la institución quedaría completamente inoperativa en el mes de abril, dejando desprotegida a la ciudadanía frente al avance delictivo.
En una reciente entrevista en RPP, el fiscal hizo un llamado urgente al Ministerio de Economía y Finanzas para que autorice un crédito adicional que permita solventar los costos operativos más básicos. Según explicó, la falta de desembolso de estos fondos obligará al despido de 4,700 asistentes de función fiscal y personal de apoyo administrativo durante el mes de marzo. Esta reducción masiva de personal técnico paralizaría las investigaciones en curso y los procesos de carga procesal que los fiscales deben atender diariamente.
Un escenario crítico frente al avance del crimen organizado
La crisis presupuestal no solo afecta al personal de soporte técnico. Chávez Cotrina alertó que para el mes de abril la Fiscalía ya no contará con los recursos suficientes para cubrir los sueldos de los mismos fiscales a nivel nacional. Este escenario resulta especialmente alarmante dado el contexto de inseguridad ciudadana y la sofisticación de las bandas criminales que el país enfrenta en 2026. El fiscal enfatizó que es lamentable debilitar a la institución precisamente cuando la criminalidad atraviesa una de sus etapas más violentas.
El coordinador cuestionó que el gobierno de José María Balcázar haga caso omiso a las solicitudes presupuestales del actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Según su postura, el debilitamiento de la fiscalía representa un mensaje de impunidad, pues sin fiscales debidamente remunerados y sin asistentes para procesar las evidencias, el combate contra las economías ilegales se vuelve una tarea imposible de cumplir con éxito.
El origen de la crisis y el recorte sistemático del Ejecutivo
Esta situación financiera crítica no es un evento aislado, sino que se arrastra desde la gestión de Dina Boluarte y fue denunciada previamente por la exfiscal Delia Espinoza. Las cifras oficiales revelan una tendencia de desfinanciamiento preocupante, pues para el presente año 2026 se pretendía reducir el presupuesto en casi 145 millones de soles respecto a lo solicitado originalmente. Aunque en 2025 la institución contó con 2,921 millones, la asignación actual se ha estancado en 2,870 millones de soles.
Chávez Cotrina finalizó su mensaje pidiendo a la población estar alerta ante esta desatención presupuestal. Aseguró que los fiscales cumplen con su deber atendiendo atentados y delitos graves cada día, pero que sin el apoyo logístico del Ejecutivo, la operatividad del sistema de justicia tiene una fecha de caducidad muy próxima. La inminente falta de fondos para el pago de planillas en abril marcaría un precedente histórico de parálisis en el Ministerio Público peruano.