El abogado Walter Ayala, defensor legal del expresidente Pedro Castillo, presentó oficialmente una solicitud de indulto presidencial ante el despacho del actual mandatario José María Balcázar. El pedido fue ingresado por escrito y cuenta con la firma del exjefe de Estado, recluido en el Penal Barbadillo, según consta en el documento presentado ante el Ejecutivo.
La defensa sostiene que Castillo fue condenado en un proceso que vulneró garantías fundamentales y que, por tanto, corresponde la aplicación de una medida de gracia. La presentación del indulto reabre un debate político y jurídico de alto voltaje en medio de la crisis institucional y de la recomposición del poder tras la asunción del gobierno interino.
Fundamentos del pedido: debido proceso y persecución política
En la solicitud, Ayala argumenta que la condena contra Pedro Castillo —por conspiración para rebelión— se produjo en un contexto de persecución política y con presuntas irregularidades que afectaron el debido proceso. El abogado sostiene que se vulneraron derechos constitucionales básicos, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva, lo que justificaría la intervención del presidente de la República mediante el indulto.
De acuerdo con la defensa, la medida de gracia no busca desconocer el sistema judicial, sino corregir una situación excepcional derivada de un proceso que, a su criterio, estuvo condicionado por presiones políticas y mediáticas. En ese marco, Ayala subrayó que el indulto es una facultad constitucional del jefe de Estado y que su evaluación debe realizarse conforme a los criterios de humanidad, justicia y estabilidad democrática.
Procedimiento formal y firma del expresidente
La presentación del pedido se realizó siguiendo los canales legales establecidos. Ayala confirmó que el documento fue suscrito por Pedro Castillo en el Penal Barbadillo y posteriormente ingresado al Ejecutivo para su evaluación. La defensa descartó gestiones informales y recalcó que el trámite se ajusta a los procedimientos administrativos correspondientes para solicitudes de indulto.
El texto del pedido, según explicó el abogado, contiene una solicitud expresa del propio Castillo dirigida a José María Balcázar, en la que se invoca la facultad presidencial para conceder la medida de gracia. La firma del exmandatario es un requisito indispensable y acredita su voluntad expresa de acogerse al indulto.
Confianza legítima y expectativa política
Uno de los argumentos que la defensa pone sobre la mesa es el principio de confianza legítima. Ayala afirmó que este principio implica que los funcionarios públicos deben actuar de manera coherente con sus declaraciones previas, especialmente cuando estas generan expectativas en la ciudadanía y en los actores involucrados.
En ese sentido, el abogado recordó que Balcázar habría manifestado en el pasado una posición favorable a la liberación de Pedro Castillo, lo que —según su interpretación— creó una expectativa política. “Cuando una autoridad expresa públicamente una intención, esa expresión no es neutra”, señaló Ayala, al advertir que una eventual negativa al indulto tendrá un costo político y quedará registrada como parte del balance histórico del gobierno interino.
Reacciones y advertencias en el Congreso
La formalización del pedido de indulto se produce en un contexto de fuerte oposición parlamentaria a cualquier beneficio a favor de Pedro Castillo. Diversas bancadas han advertido públicamente que no permitirán indultos ni medidas que favorezcan al expresidente o a líderes de Perú Libre, lo que anticipa un escenario de confrontación política si el Ejecutivo decide avanzar con la solicitud.
Aunque el indulto es una prerrogativa exclusiva del presidente, el Congreso mantiene capacidad de presión política y control, lo que añade complejidad a la decisión de Balcázar. El tema se suma así a una agenda cargada de tensiones entre el Ejecutivo interino y el Parlamento, en la antesala de un nuevo proceso electoral.
Implicancias institucionales de la decisión
Especialistas advierten que la decisión sobre el indulto tendrá implicancias que trascienden el caso individual de Pedro Castillo. Una eventual concesión podría profundizar la polarización política y generar cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y el sistema de justicia. Por el contrario, una negativa podría consolidar el rechazo de sectores de izquierda y de organizaciones afines al expresidente, que consideran su condena ilegítima.
Para el gobierno interino de José María Balcázar, el caso representa una prueba clave de gobernabilidad y de manejo de crisis. La evaluación del indulto deberá pasar por instancias técnicas y legales dentro del Ejecutivo antes de una decisión final, en un contexto de alta vigilancia mediática y presión política.
Un debate que vuelve al centro de la agenda
Con la presentación formal de la solicitud, el indulto a Pedro Castillo vuelve al centro de la agenda pública. El tema no solo divide a las fuerzas políticas, sino que también reabre el debate sobre los límites de la potestad presidencial frente a sentencias judiciales firmes y sobre el uso político de las medidas de gracia en momentos de inestabilidad.
Por ahora, el Ejecutivo no ha anunciado plazos ni criterios específicos para resolver el pedido. Sin embargo, la sola admisión del trámite confirma que la gestión interina de Balcázar deberá pronunciarse sobre uno de los asuntos más sensibles del escenario político reciente, con consecuencias que podrían marcar el rumbo de la transición y del próximo proceso electoral.