Los principales organismos reguladores del país encendieron las alertas. A través de un pronunciamiento conjunto, Osinergmin, Osiptel y Sunass manifestaron su respaldo institucional a Ositrán, tras el reciente fallo del Primer Juzgado Constitucional de Lima que dispone que este último se abstenga de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
La resolución judicial ha generado preocupación en el sector público y técnico, no solo por su impacto inmediato en la supervisión de una de las obras de infraestructura más relevantes del país, sino también por el precedente que podría sentar respecto al rol constitucional de los organismos reguladores en el Perú.
Un fallo que remece el sistema de regulación
El pronunciamiento judicial ordena que Ositrán no ejerza —ni de manera directa ni a través de sus dependencias— sus competencias sobre las operaciones del puerto de Chancay. Frente a ello, los reguladores recordaron que, si bien respetan las decisiones del Poder Judicial, resulta indispensable preservar un sistema de regulación independiente, técnico y sólido.
En su comunicado, los organismos subrayan que la existencia de reguladores fuertes es clave para asegurar el cumplimiento de normas, estándares de seguridad, tarifas competitivas y condiciones óptimas de operación, especialmente en infraestructuras de uso público con alto impacto económico y social.
Supervisar sin distinción del operador
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la defensa del principio de neutralidad regulatoria. La supervisión del Estado —precisan— debe ejercerse sin importar la nacionalidad, naturaleza o titularidad del operador que administra una infraestructura pública.
En ese sentido, advierten que limitar las funciones de Ositrán en el puerto de Chancay podría afectar la transparencia de las operaciones, la protección de los usuarios y la prevención de riesgos que impacten en servicios esenciales para la ciudadanía y la economía nacional.
El estándar internacional y la advertencia de la OCDE
Los organismos reguladores también respaldaron su posición citando estándares internacionales. En particular, recordaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha enfatizado de manera reiterada la necesidad de preservar la independencia operativa de los reguladores como condición básica para el buen funcionamiento de los mercados y la protección del interés público.
Según este enfoque, cualquier interferencia que limite el accionar técnico de los entes reguladores debilita la capacidad del Estado para cumplir su rol fiscalizador y puede generar distorsiones en sectores estratégicos.
Un precedente que preocupa al Estado
En la evaluación de Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán, el fallo judicial no solo afecta un caso puntual, sino que podría convertirse en un precedente negativo. La eventual restricción de competencias regulatorias —advierten— pone en riesgo la capacidad del Estado para supervisar adecuadamente a las empresas que brindan servicios públicos en distintos sectores.
Esta preocupación se agrava si se considera que el Terminal Portuario de Chancay es un proyecto llamado a convertirse en un nodo logístico clave para el comercio exterior peruano y la integración regional, con implicancias directas en la competitividad del país.
Confianza en instancias superiores
Pese al escenario de incertidumbre, los cuatro organismos reguladores reafirmaron su confianza en que las instancias superiores del sistema de justicia evaluarán el caso con rigurosidad, objetividad y sustento jurídico, ponderando el interés general, la defensa de los derechos de los usuarios y el rol constitucional que cumplen los reguladores en los servicios públicos.
El pronunciamiento remarca que el análisis del caso debe considerar no solo el aspecto legal inmediato, sino también sus consecuencias institucionales y estructurales para el Estado peruano.
Defensa de la institucionalidad y de los usuarios
Finalmente, Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán reiteraron su compromiso con el fortalecimiento institucional del país, la defensa de una regulación técnica independiente y la protección permanente de los usuarios de los servicios públicos.
En un contexto en el que el Perú busca consolidar grandes proyectos de infraestructura y atraer inversión, el mensaje de los reguladores apunta a una advertencia clara: sin supervisión independiente y sólida, el desarrollo puede quedar expuesto a riesgos que terminan afectando a los ciudadanos y al interés nacional.