El Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) emitió este 18 de febrero un contundente pronunciamiento público manifestando su rechazo a la candidatura del congresista José María Balcázar Zelada. La postura del gremio surge tras la censura de José Jerí, situación que ha colocado a Balcázar como uno de los cuatro aspirantes de la Mesa Directiva habilitados para asumir la Presidencia de la República de forma interina. El consejo directivo 2025-2026 enfatizó que el legislador de Perú Libre no cuenta con la idoneidad ética necesaria para conducir los destinos del país.
Antecedentes disciplinarios: Expulsión definitiva de la orden
El comunicado del ICAL Lambayeque revela un historial disciplinario crítico que pesaría sobre el parlamentario. Según el documento, el Consejo de Ética resolvió expulsar definitivamente a Balcázar de la orden mediante una resolución emitida en agosto de 2022, decisión que fue ratificada por el Tribunal de Honor el 2 de diciembre de 2024. Los cargos que motivaron su salida están vinculados a su gestión como decano de la institución, donde se le imputó la presunta apropiación de fondos, cambio irregular de titularidad en cuentas bancarias y defraudación de persona jurídica.
Procesos judiciales pendientes y falta de rendición de cuentas
Además de las sanciones gremiales, el ICAL menciona que el candidato presidencial enfrenta denuncias penales aún vigentes en el Poder Judicial. Entre los expedientes citados figuran procesos por flagrancia y otros casos seguidos ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Exp. N° 8804-2019 y N° 09240-2025). El gremio asegura que, a la fecha, Balcázar se niega a rendir cuentas sobre los gastos generados durante su administración del patrimonio institucional, lo que califican como una traición a la confianza de los agremiados.
Exhortación al Congreso y autoridades judiciales
Ante la inminente elección de la nueva Mesa Directiva, el Colegio de Abogados exhortó a los 130 congresistas a considerar la importancia de la ética pública y la institucionalidad democrática. Asimismo, hicieron un llamado enérgico al Ministerio Público y al Poder Judicial para que aceleren los juzgamientos correspondientes y eviten la prescripción de los delitos atribuidos al legislador. El pronunciamiento concluye advirtiendo que un ciudadano con tales antecedentes no debería representar el cargo más alto de la nación en este periodo de transición.