Investigación fiscal tras explosión en cuartel de Pisco
La Fiscalía de Ica inició una investigación preliminar para esclarecer las causas de la explosión registrada en el cuartel militar conocido como El Polvorín, ubicado en la provincia de Pisco. El incidente dejó ocho militares heridos y una persona desaparecida, según confirmó el Ministerio Público.
El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco (Primer Despacho), dirigida por la fiscal provincial Fiorella Janeth Félix Acosta, quien dispuso investigar el presunto delito de lesiones culposas en agravio del personal militar afectado. La explosión ocurrió el 17 de febrero de 2026, durante labores en el Centro de Municiones del Ejército (Cemune), situado en el centro poblado Cabeza de Toro.
Diligencias urgentes y peritajes en la zona
Como parte de las primeras acciones, la fiscal adjunta Gloria Dávalos Mamani viene realizando diligencias urgentes en coordinación con agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Pisco. Entre las medidas adoptadas figura la inspección técnica del lugar del accidente, así como la verificación de la existencia de cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido antes y después de la explosión.
Asimismo, se ordenó la ejecución de peritajes especializados con personal de Criminalística y efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), con el objetivo de determinar las causas exactas del siniestro y establecer si existieron fallas humanas, técnicas o procedimentales. Estas acciones también buscan contribuir a la ubicación del militar que continúa desaparecido, cuya búsqueda sigue en curso.
Heridos con quemaduras y atención médica
Las primeras indagaciones fiscales indican que la explosión dejó militares con quemaduras de segundo grado, quienes fueron evacuados de inmediato a centros de salud. Parte de los heridos permanece internada en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, mientras que otros fueron trasladados al Hospital del Ejército del Perú en Lima para recibir atención especializada.
Desde el ámbito militar, el Ejército del Perú informó que el accidente ocurrió durante la ejecución del Plan de Destrucción de Munición, una operación técnica destinada a eliminar material explosivo en desuso. El hecho se habría producido mientras se trasladaban granadas desde los polvorines, etapa considerada de alto riesgo dentro de este tipo de procedimientos.
Investigación paralela del Ejército
De forma paralela a la investigación fiscal, el Comando del Ejército dispuso que su Sistema de Inspectoría inicie una investigación interna, con el fin de establecer responsabilidades administrativas y determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad. La institución castrense señaló que brindará todas las facilidades a las autoridades judiciales, reafirmando su compromiso con la transparencia.
En un pronunciamiento oficial, el Ejército expresó su solidaridad con los heridos y sus familias, e informó que se viene otorgando acompañamiento médico y psicológico, además del apoyo institucional correspondiente.
Seguridad en instalaciones militares bajo la lupa
El caso vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad en los centros de municiones y los riesgos asociados a la manipulación de explosivos, incluso en operaciones consideradas rutinarias. Especialistas señalan que, si bien la destrucción de municiones es necesaria para prevenir accidentes mayores, requiere controles estrictos, infraestructura adecuada y capacitación permanente del personal involucrado.
El Ministerio Público reafirmó que la investigación será objetiva, exhaustiva y diligente, orientada a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda del efectivo desaparecido y el seguimiento a la evolución de los militares heridos, en un caso que mantiene la atención pública por la gravedad de sus consecuencias.