La hegemonía de Perú sobre la pota (Dosidicus gigas) ha pasado a la historia. En un giro drástico de las cifras mundiales, China ha superado las 500,000 toneladas declaradas, desplazando al país sudamericano de su liderazgo tradicional. Esta competencia no solo es una cuestión de volumen, sino que se ha convertido en un conflicto geopolítico y económico que será el eje central de la próxima reunión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), que se celebrará el 2 de marzo en Ciudad de Panamá.
Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente de Calamasur, advierte que la asimetría en las reglas de juego es insostenible. Mientras que la flota peruana está sujeta a temporadas de veda, monitoreo satelital y cuotas de captura, la flota china opera los 365 días del año. «No existen reglas homogéneas para todos», señala Miranda, destacando que esta falta de regulación permite una presión extractiva que pone en riesgo la sostenibilidad del recurso.
Subsidios y «puerta cerrada» en puertos peruanos
Uno de los puntos más críticos del debate es el comportamiento de la flota asiática tras las restricciones impuestas por Perú. Desde octubre de 2024, el Ministerio de la Producción restableció la obligatoriedad del dispositivo satelital para naves extranjeras que deseen usar puertos peruanos. Según Miranda, desde esa fecha «no ha reingresado ningún barco chino al territorio peruano», optando por operar desde otros puertos de la región para evadir la fiscalización nacional.
Esta operatividad se ve fortalecida por los subsidios estatales del gobierno chino, que permiten a sus embarcaciones industriales sostener precios bajos incluso cuando el mercado está saturado. El impacto es directo sobre el pescador artesanal peruano: con un mercado que recibe hasta 1.7 millones de toneladas anuales —cuando su capacidad óptima es de un millón—, los precios se desploman, dejando a la flota nacional con márgenes de ganancia mínimos frente a los gigantes industriales.
El desafío de Panamá: Hacia una regulación global
La cumbre en Panamá será el escenario donde países como Estados Unidos, Ecuador, Nueva Zelanda y la Unión Europea buscarán establecer, por primera vez, normas para una pesquería que hoy opera en un «limbo» legal. A diferencia del jurel o el atún, que cuentan con cuotas anuales y monitoreo científico consolidado, el calamar gigante carece de un esquema preventivo global.
La urgencia aumenta ante la posible llegada de un evento de El Niño costero. El sector pesquero recuerda con temor las lecciones del pasado con la anchoveta, donde la falta de regulación ante cambios climáticos casi colapsa el recurso. «El desafío consiste en trasladar el esquema de la anchoveta —basado en estudios científicos y ajustes de temporada— a la pota», sostiene el representante de Calamasur. El objetivo en Panamá es claro: asegurar un stock suficiente en el mar y frenar la competencia desleal de las naves subsidiadas que, mediante potentes reflectores, atraen el recurso incluso desde el límite de las 200 millas.