La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha vuelto a encender el debate sobre los derechos reproductivos en el Perú. En una reciente entrevista para el programa ‘Enfrentados’, la lideresa naranja reafirmó que su respaldo a la interrupción del embarazo se limita estrictamente al aborto terapéutico cuando existe riesgo de vida para la madre, descartando cualquier posibilidad de apoyo en casos de ultraje sexual, incluso si las víctimas fueran menores de edad.
Al ser consultada sobre un escenario hipotético que involucrara a su propio entorno familiar, Fujimori fue tajante: “Yo optaría y le diría a mis hijas que ellas tengan al bebé”. La candidata reveló que este tema ya ha sido materia de conversación privada con sus hijas, estableciendo la defensa de la vida desde la concepción como un mandato innegociable dentro de su visión política y personal.
El contexto: El refugio de Milagros Jáuregui bajo la lupa
Estas declaraciones no surgen de forma aislada. El país atraviesa una profunda indignación tras las denuncias contra el refugio «Casa del Padre», fundado por la congresista y pastora Milagros Jáuregui de Aguayo. El albergue, ubicado en Cieneguilla, cobró notoriedad por un video donde niñas de entre 10 y 13 años, víctimas de violación, eran expuestas cargando a sus hijos en un coro navideño para promocionar el discurso contra el aborto legal.
Para defensores de derechos humanos y colectivos feministas, esta exposición constituye una forma de revictimización y tortura. Sin embargo, Jáuregui, quien preside la Comisión de la Mujer y ha impulsado restricciones al aborto terapéutico eliminando causales de salud mental, sostiene que su labor busca que las menores vean el embarazo no como un trauma, sino como una «oportunidad» y un «sello de esperanza».
Cifras de una crisis silenciosa: 993 niñas madres en 2025
La postura de Fujimori y la agenda de Jáuregui colisionan con una realidad estadística alarmante. Según datos del Ministerio de Salud, durante el año 2025, un total de 993 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres en el Perú. Solo en el primer mes de 2026, la cifra ya supera los 40 casos registrados, evidenciando que el embarazo infantil forzado es una crisis de salud pública persistente.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha recordado que el aborto terapéutico es legal en el país desde 1924 y que negar este derecho a niñas víctimas de violencia sexual contraviene tratados internacionales de protección a la infancia. Mientras el sector conservador, liderado por figuras como Fujimori y Jáuregui, refuerza su discurso de «mandato constitucional», los organismos civiles alertan sobre el retroceso en la protección de las sobrevivientes de abuso en el Perú.