La gestión del presidente José Jerí enfrenta uno de sus episodios más críticos tras la revelación de un patrón de contrataciones que vincula visitas privadas en Palacio de Gobierno con beneficios laborales y viajes en el avión presidencial. Según un informe periodístico de Punto Final, varias mujeres que mantuvieron reuniones con el mandatario —algunas hasta altas horas de la madrugada— fueron formalizadas como personal estatal pocos días después, acompañándolo posteriormente en misiones oficiales dentro y fuera del país.
Ciro Flores Delgado, vocero del despacho presidencial, intentó relativizar los cuestionamientos asegurando que el mandatario debe «echar mano de todo el personal disponible» debido a la urgencia de la transición política. Sin embargo, los documentos oficiales muestran una celeridad administrativa que ha despertado sospechas en el Ministerio Público, que ya investiga al jefe de Estado por presunto tráfico de influencias agravado.
Citas previas y nombramientos «relámpago»
El informe detalla casos específicos donde la meritocracia parece haber cedido ante la cercanía personal. Un ejemplo es el de Alicia Camargo Leiva, comisionada de Protocolo, quien visitó el despacho el 14 de octubre de 2025 y fue contratada apenas tres días después bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Camargo ha registrado 17 viajes junto al presidente.
Situación similar atraviesa Fiorela Melgarejo Sánchez, contratada para labores de monitoreo, quien acumuló siete viajes oficiales tras sostener reuniones previas con Jerí. Otros nombres que aparecen en la lista de viajeras frecuentes son Susana Gutiérrez Rivera —con ocho vuelos, incluyendo uno a Quito— y Rosa Rueda Yaya, quien obtuvo su título de abogada en noviembre de 2025 y solo un mes después ya figuraba como analista administrativa en el despacho presidencial.
La defensa de Palacio: «Una mera casualidad»
Ante la evidencia de las visitas registradas antes de las órdenes de servicio, el vocero Ciro Flores calificó estas coincidencias como «meras casualidades» y defendió que el perfil profesional es el único factor determinante. Flores también señaló que el enfoque mediático sobre el personal femenino es desproporcionado, afirmando que se trata de un «universo pequeño» de trabajadoras.
No obstante, expertos como el abogado José Elice han señalado incoherencias en las funciones desempeñadas. Sobre el caso de Rueda Yaya, Elice indicó que no existe una explicación clara para contratar a una abogada recién colegiada como analista administrativa, un cargo que suele tener una naturaleza distinta al ejercicio del derecho. La inmediatez también es un factor común: funcionarias como Angélica Aznarán Ríos realizaron su primer viaje oficial apenas un día después de firmar contrato.
Renuncias y el avance de la Fiscalía
El escándalo ya ha provocado las primeras bajas en el entorno de confianza de José Jerí. Estefany Vega, cuya presencia en un viaje internacional a Quito generó fuertes cuestionamientos, presentó su renuncia recientemente. A ella se suman Guadalupe Vela y Cristina Beraún, quienes también dejaron sus cargos en medio de la controversia.
La Fiscalía de la Nación centra ahora sus pesquisas en determinar si estas contrataciones FAG y órdenes de servicio fueron utilizadas como una moneda de cambio o favor personal. Mientras el vocero presidencial insiste en que el mandatario tiene «mil oídos» para los requerimientos de la gente, la justicia busca determinar si esos oídos terminaron favoreciendo ilegalmente a un círculo exclusivo de allegadas con recursos del Estado.