La Contraloría General de la República advirtió que la aprobación irregular de dos tomógrafos computarizados de alta gama en los hospitales Hospital Edgardo Rebagliati Martins y Hospital Guillermo Almenara Irigoyen generó riesgos directos para la salud de pacientes y personal médico, además de un perjuicio económico de S/ 12 319 369 al Estado.
Los equipos fueron recibidos entre setiembre de 2020 y enero de 2021, pese a que no cumplían las especificaciones técnicas del contrato ni las características ofrecidas por el proveedor, según los informes de auditoría que abarcan el periodo 2019–2022.
Riesgos radiológicos y diagnósticos poco confiables
De acuerdo con la Contraloría, el uso de estos tomógrafos expuso innecesariamente a pacientes y personal asistencial a radiación ionizante, con posibles efectos en órganos y tejidos, conforme a advertencias de la Organización Mundial de la Salud.
Además del riesgo radiológico, las fallas técnicas comprometieron la continuidad operativa de los equipos y la confiabilidad de los diagnósticos médicos, afectando directamente la calidad del servicio en dos de los principales hospitales de referencia del país.
Actualmente, el tomógrafo del hospital Rebagliati sigue en funcionamiento, mientras que el instalado en el hospital Almenara se encuentra inoperativo desde agosto de 2025, sin que se haya corregido el daño económico ocasionado.
Falta de autorizaciones y blindaje inexistente
Una visita de supervisión realizada en noviembre último reveló que no existe sustento técnico que acredite el blindaje radiológico en las salas de tomografía de ambos hospitales, pese a que por esos ambientes circulan trabajadores de salud y pacientes.
También se constató que, al momento de la recepción de los equipos, no se contaba con las autorizaciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear, requisito indispensable para operar tomógrafos bajo estándares de seguridad, calibración y control dosimétrico.
Estas omisiones vulneraron las normas de protección frente a la radiación y dejaron a los usuarios en una situación de alto riesgo sanitario, según el informe de control.
Equipos incompletos y tecnología limitada
La Contraloría detectó que los tomógrafos no fueron integrados plenamente al sistema tecnológico de los hospitales y carecían de funcionalidades esenciales, reduciendo la precisión y oportunidad del diagnóstico.
Un caso crítico fue la no entrega del sistema de “fusión de imágenes”, herramienta clave para diagnósticos complejos como cáncer, enfermedades cardiacas y cerebrales, o la correcta delimitación de tumores. Esta omisión disminuyó sustancialmente la capacidad diagnóstica y aumentó la probabilidad de repetir exámenes, con mayor exposición a radiación.
A ello se sumaron deficiencias en seguridad operativa: ausencia de dispositivos de protección eléctrica, alarmas de temperatura y sistemas adecuados de ventilación, incrementando el riesgo de fallas súbitas y la interrupción de exámenes médicos.
Diferencias en marca y origen de los equipos
Otro hallazgo relevante fue que los monitores de la consola de adquisición, postprocesamiento y mesa de pacientes no correspondían a la marca, modelo ni país de origen ofertados. En lugar de equipos fabricados en Estados Unidos, como establecía el contrato, se entregaron dispositivos de origen chino.
Estas diferencias contractuales refuerzan la presunta responsabilidad de los funcionarios que aprobaron las actas de conformidad, permitiendo la recepción de equipos que no cumplían los términos acordados.
Diez implicados y acciones penales en curso
Los informes de auditoría identifican a diez funcionarios y servidores con presunta responsabilidad penal. De ellos, siete continúan laborando en los hospitales involucrados y tres ya no mantienen vínculo contractual con las instituciones.
La Contraloría notificó los resultados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que deberá iniciar las acciones penales correspondientes. Los informes completos están disponibles para consulta ciudadana en el portal oficial de la entidad.