La carrera presidencial de Keiko Fujimori suma un nuevo flanco crítico tras conocerse un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1. Según el documento, elaborado por la fiscalizadora Liliana Herrera, la lideresa de Fuerza Popular habría consignado información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, específicamente en el rubro de ingresos, bienes y rentas.
La omisión se centra en dos frentes empresariales. Primero, la candidata no declaró poseer 3,500 acciones en la empresa Summit Products S.A.C., vínculo que fue confirmado tras un cruce de información con la Sunarp. Aunque dicha compañía figura con «baja de oficio» en la Sunat desde el año 2009, la normativa electoral exige la transparencia de toda participación accionaria vigente en los registros públicos.
El factor KYARA29 E.I.R.L. y los cambios de último minuto
El punto más polémico del informe, revelado por el medio La Contra, refiere a la empresa KYARA29 E.I.R.L., creada por la candidata para gestionar la carrera de influencer de su hija. Fujimori figuraba como titular y gerente de dicha entidad; sin embargo, esta información fue omitida en el documento entregado al ente electoral.
Un detalle que ha llamado la atención de los fiscalizadores es la cronología de los hechos: Fujimori dejó de ser titular y gerente de KYARA29 recién en febrero de este año, pocos días después de que la Sunarp remitiera la información al JEE. Para la fiscalía electoral, esto sugiere un intento de regularizar la situación tras verse descubierta por las pesquisas oficiales.
Sanciones: Entre multas y el Ministerio Público
A diferencia de otros procesos, esta omisión no significará la exclusión de Keiko Fujimori de la contienda electoral de 2026, dado que la etapa de tachas y exclusiones por este rubro tiene limitaciones específicas. No obstante, las consecuencias legales son severas:
- Sanción Económica: Una multa que podría ascender hasta las 10 UIT (aproximadamente 55,000 soles).
- Derivación Penal: El JEE deberá remitir lo actuado al Ministerio Público para que se inicie una investigación por presunta falsedad ideológica o fraude procesal.
Cercada por una nueva investigación patrimonial
Este hallazgo administrativo coincide con una investigación preliminar de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Esta pesquisa, calificada como compleja, se centra en la aparente incompatibilidad entre el patrimonio declarado por Fujimori desde 2010 y los supuestos USD 3.6 millones recibidos en efectivo de manos de Dionisio Romero.
A diferencia del Caso Cócteles, este nuevo proceso apunta directamente al patrimonio personal de la candidata. El plazo de 8 meses establecido por la Fiscalía buscará determinar por qué, a pesar de los millonarios aportes recibidos, los activos reportados ante la Contraloría no registraron variaciones significativas, salvo un incremento menor en 2011.