Unas imágenes de seguridad, difundidas recientemente en el programa Ocurre Ahora, revelaron la brutalidad con la que el tecnólogo Paúl Stuart Cueva Alvites (32) trataba a una niña de apenas seis años con habilidades especiales. Lo que debían ser sesiones de terapia ocupacional y psicológica terminaron en una serie de jaloneos, empujones contra la pared y caídas que han dejado huellas tanto físicas como emocionales en la menor.
La agresión salió a la luz gracias a la intervención de un vecino del local, ubicado en la calle Los Jazmines, quien interceptó a la madre para mostrarle el material audiovisual. En los videos se observa cómo el agresor, vestido con uniforme celeste, jalonea del brazo a la niña —quien no puede hablar debido a su condición— y la empuja por la nuca hasta hacerla caer de rodillas. Según los exámenes de medicina legal, las marcas en el brazo de la menor confirman la violencia de los impactos.
Falta de licencia y negligencia administrativa
Tras la denuncia formalizada en la comisaría del sector, personal de fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos acudió al establecimiento para realizar una inspección. Sin embargo, los responsables cerraron las puertas del local. El hallazgo administrativo fue alarmante: Artikids solo contaba con licencia para funcionar como consultorio médico, careciendo de los permisos municipales y de salud necesarios para brindar terapias especializadas a niños con condiciones particulares.
Esta irregularidad pone en duda no solo la idoneidad del personal contratado, sino también el control estatal sobre este tipo de centros «especializados» que proliferan en la capital. La madre de la menor denunció que, al intentar pedir explicaciones iniciales, la administración se negó a brindarle el nombre del agresor, derivando su queja entre diferentes oficinas en un intento por evadir la responsabilidad inmediata.
El descargo de Artikids y la búsqueda de justicia
Ante la ola de indignación y la inminente clausura, el centro emitió un comunicado oficial lamentando los hechos y asegurando que el terapeuta involucrado ha sido separado de la institución. En el documento, la empresa asegura estar colaborando con las investigaciones; no obstante, para la familia de la víctima, el daño es irreparable y el comunicado resulta insuficiente frente a la omisión de vigilancia interna que permitió que estos abusos ocurrieran durante los últimos cuatro meses.
El caso ha generado una movilización vecinal en Los Olivos y una exigencia unánime: que la sanción no sea solo administrativa para el local, sino penal para Cueva Alvites por el delito de agresiones contra una persona en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, la menor permanece bajo monitoreo psicológico para evaluar el impacto de los abusos en su desarrollo terapéutico previo.