La Municipalidad de San Martín de Porres enfrenta nuevos cuestionamientos tras la decisión de revocar la licencia de funcionamiento del Terminal Terrestre “Marco Polo”, ubicado en la urbanización Fiori. La medida, formalizada mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 021-2026-GM/MDSMP, ha sido interpretada por vecinos y operadores del sector como un paso más hacia la consolidación de un presunto monopolio del transporte interprovincial en Lima norte, en beneficio del terminal Plaza Norte, operado por la Corporación E. Wong.
La revocatoria deja sin efecto la Licencia de Funcionamiento N.° 47200-2023 otorgada a la Empresa de Transportes Flores Hnos. S.R.L., y reabre un conflicto que se arrastra desde gestiones anteriores en el distrito.
Un cierre que revive viejas denuncias
El presidente de la residencial Luis A. Sánchez, en Fiori, Cleto Rodríguez Arquinigo, sostuvo que el cierre del terminal Marco Polo responde a un antiguo interés del grupo económico vinculado a Plaza Norte por eliminar cualquier competencia en la zona. Según señaló, el transporte interprovincial en Lima norte genera ingresos estimados en S/ 4.2 millones mensuales, lo que explicaría la presión por concentrar la actividad en un solo terminal.
Rodríguez afirmó que el objetivo no se limitaría al cierre de terminales, sino que abarcaría mercados y centros comerciales que compiten con los negocios del entorno de Plaza Norte. En esa línea, advirtió sobre un avance inmobiliario que incluiría la adquisición de terrenos estratégicos en Fiori y en el cruce de las avenidas Panamericana Norte y Tomás Valle.
Señalamientos a gestiones municipales
Las críticas también alcanzan a la actual administración edil. Rodríguez acusó a la gestión del alcalde Hernán Sifuentes de continuar un esquema iniciado durante el gobierno municipal del exalcalde Julio Chávez, quien enfrenta procesos judiciales por la firma de convenios cuestionados con el grupo Wong en los meses finales de su mandato.
Según los denunciantes, existiría una coordinación entre intereses privados y autoridades municipales para facilitar cierres administrativos y posteriores compras de terrenos, bajo una lógica de presión económica.
La defensa del terminal Marco Polo
Desde el lado empresarial, Pastor Flores Chávez, gerente del terminal Marco Polo, sostuvo que la municipalidad ha vulnerado el debido procedimiento administrativo. Señaló que la comuna alega supuestos vicios de origen en la licencia, argumento que —según afirmó— solo puede ser evaluado mediante un procedimiento de nulidad de oficio y no por la vía de una revocatoria directa.
Flores advirtió que, habiendo transcurrido más de dos años desde la emisión de la licencia, el municipio ya no estaría facultado para declarar su nulidad en sede administrativa, por lo que cualquier cuestionamiento debería trasladarse al ámbito judicial.
Recurso legal en curso
El 11 de febrero, la Empresa de Transportes Flores Hnos. S.R.L. presentó un recurso de nulidad contra la resolución municipal. En el documento dirigido al alcalde del distrito, la empresa sostiene que no se les notificó de manera íntegra la documentación técnica que sustenta la revocatoria, lo que —afirman— vulnera su derecho de defensa.
La solicitud recuerda que el artículo 213 del TUO de la Ley N.° 27444 establece plazos específicos para declarar la nulidad de actos administrativos, plazos que, según la empresa, ya habrían sido superados ampliamente.
Tanto vecinos como representantes del terminal coinciden en describir el caso como parte de un “modus operandi” en el que el poder económico influiría en decisiones políticas locales. Alertan que la misma lógica podría extenderse al Mercado de Productores, al centro comercial Fiori y a decenas de negocios y trabajadores vinculados a la zona.
Advierten, además, que Fiori se encuentra bajo presión inmobiliaria de grandes grupos económicos, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro comercial del sector.
La versión oficial del municipio
La Municipalidad de San Martín de Porres rechazó las acusaciones y afirmó que la revocatoria se sustentó en el artículo 214.1.1 del TUO de la Ley N.° 27444 y en la Ordenanza N.° 567/MDSMP. Según la comuna, la empresa no habría presentado certificados ambientales ni estudios de impacto vial vigentes, requisitos obligatorios para operar.
Desde el municipio aseguraron que el procedimiento respetó el debido proceso, que se permitió la presentación de descargos y que la resolución fue notificada conforme a ley. Añadieron que la clausura del terminal no constituye una sanción, sino una consecuencia de la invalidez de la licencia.
La Corporación E. Wong y la administración de Plaza Norte negaron cualquier participación en el proceso. Indicaron que se trata de un conflicto estrictamente administrativo entre la municipalidad y la empresa afectada.
El gerente Edgar Callo afirmó que la empresa tomó conocimiento del caso por los medios y descartó cualquier vínculo directo o indirecto con la revocatoria, subrayando que Plaza Norte no tiene injerencia en las decisiones municipales.
Mientras el proceso legal avanza, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre competencia, uso del poder municipal y concentración económica en uno de los principales polos comerciales y de transporte de Lima norte.