El Ministerio de Educación (Minedu) advirtió que las sanciones administrativas aplicadas a docentes denunciados por agresiones en instituciones educativas resultan insuficientes si no se complementan con acciones penales efectivas por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Así lo señaló José Moreno Ocampo, director de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, al referirse a los casos registrados en la UGEL Condorcanqui, donde se han tramitado denuncias contra personal del sector educación.
Más de 500 docentes bloqueados del sistema
Moreno Ocampo precisó que todos los casos denunciados que involucran a docentes o personal educativo han sido procesados por la vía administrativa. Como resultado, 513 docentes denunciados fueron bloqueados en los sistemas del sector, lo que les impide ser contratados en cualquier UGEL del país o postular al concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
Indicó que el Minedu ha brindado apoyo técnico en la elaboración de informes especializados y ha acompañado a la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios encargada de evaluar las sanciones correspondientes.
Limitaciones del ámbito administrativo
El funcionario subrayó que la actuación del sector Educación tiene un alcance limitado. Las sanciones administrativas —como la destitución o el impedimento de contratación— no garantizan que el agresor se aleje de la víctima.
“En muchos casos, el agresor pertenece a la misma comunidad e incluso es vecino de la víctima. Nuestras acciones evitan que vuelva a una institución educativa, pero no aseguran su alejamiento”, explicó.
Impacto directo en los estudiantes
Moreno Ocampo advirtió que la falta de medidas penales tiene un impacto profundo en el bienestar emocional de los estudiantes. La permanencia del agresor en libertad, señaló, afecta el entorno escolar y repercute directamente en el logro de los aprendizajes.
“La violencia es uno de los factores asociados a los bajos resultados educativos. No se trata solo de sancionar administrativamente, sino de proteger integralmente a los estudiantes”, sostuvo.
Responsabilidad del sistema de justicia
El representante del Minedu recordó que los procesos penales son competencia exclusiva del Ministerio Público y el Poder Judicial, instancias que, de acreditarse responsabilidad, pueden imponer penas privativas de libertad.
En ese sentido, remarcó la necesidad de una actuación más célere y coordinada de las entidades del sistema de justicia, a fin de evitar que las sanciones queden limitadas al ámbito administrativo y no se traduzcan en una protección efectiva para las víctimas.