Riesgos de la contratación informal
La venta informal de chips telefónicos volvió a encender alertas en el Congreso durante una nueva edición del martes democrático, organizada por la Oficina de Participación Ciudadana. El evento abordó la fiscalización de la contratación de líneas móviles y su impacto directo en la seguridad ciudadana, en un contexto de crecimiento sostenido de delitos asociados al uso de teléfonos celulares.
Especialistas coincidieron en que la adquisición de servicios móviles fuera de locales autorizados constituye un riesgo grave, no solo por la exposición de datos personales, sino porque estas líneas suelen terminar en manos de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, estafas y otros ilícitos.
Rol de Osiptel y responsabilidad de operadoras
Durante su exposición, el ingeniero electrónico Luis Pacheco Zeballos explicó que el Osiptel cumple una función técnica y neutral en el mercado de telecomunicaciones, orientada a garantizar competencia, calidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios.
Precisó que la normativa vigente establece que las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de contratación, incluso cuando operan mediante distribuidores o terceros. En ese sentido, advirtió que la venta ambulatoria de chips persiste como uno de los principales puntos vulnerables del sistema, debido al incumplimiento de los protocolos de seguridad.
“El ciudadano no está comprando un chip, está celebrando un contrato de servicio público”, enfatizó el especialista, al alertar sobre el uso indebido de huellas dactilares e identidades falsas en espacios informales.
Medidas legales y control biométrico
Pacheco Zeballos recordó que desde 2024 rigen los denominados requisitos esenciales para la contratación, que obligan a realizar estos procesos únicamente en puntos de venta autorizados y registrados ante el regulador.
Las empresas deben validar cada operación mediante biometría del vendedor y del comprador, además de reportar todos sus locales y transacciones. Estas medidas buscan cerrar los vacíos que, en años anteriores, permitieron la proliferación de líneas fraudulentas utilizadas para actividades criminales.
Asimismo, destacó que el Congreso penalizó la venta informal de chips, permitiendo la baja inmediata de líneas irregulares y la remisión de información a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público.
Renteseg y reducción del robo de celulares
El especialista también explicó el funcionamiento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), herramienta clave en la lucha contra el robo de celulares. El sistema integra una lista negra y una lista blanca de equipos, lo que permite bloquear teléfonos robados e impedir el uso de IMEI adulterados.
Según Osiptel, estas medidas contribuyeron a reducir en cerca de 38 % los robos diarios de celulares desde 2017, aunque el problema persiste con miles de denuncias registradas cada día a nivel nacional.
Ciberdelincuencia en crecimiento
Desde la Policía Nacional, Miguel Antonio Torres Moreno, especialista en delitos informáticos, advirtió que la ciberdelincuencia ha crecido de manera sostenida en los últimos 10 a 15 años, con un pico durante la pandemia.
Señaló que la pérdida de un celular implica la exposición de información sensible y que actualmente la extorsión se realiza principalmente vía WhatsApp, lo que dificulta las investigaciones. No obstante, resaltó que herramientas como el Renteseg permiten trazar vínculos entre equipos y líneas, facilitando el trabajo policial.
Torres Moreno proyectó que las denuncias por delitos informáticos podrían superar las 240 diarias en los próximos años, lo que evidencia la magnitud del desafío para el Estado.
Llamado a la ciudadanía
Los especialistas coincidieron en exhortar a la población a no adquirir chips en la vía pública y a denunciar puntos de venta informales. Subrayaron que la lucha contra la delincuencia no solo depende de la acción policial, sino también de una contratación responsable de servicios móviles y de una fiscalización efectiva.