Condena por hechos ocurridos en el Alto Huallaga
Un nuevo debate político y judicial se abrió tras la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que condenó a 20 años de prisión al coronel del Ejército Peruano en retiro Roberto Villar Chamorro, por su presunta responsabilidad en el homicidio de ocho civiles durante una operación militar realizada en Cayumba Chico, distrito de Mariano Dámaso Beraún, en la región Huánuco, en marzo de 1994.
Los hechos se produjeron en el contexto del conflicto armado interno, cuando las Fuerzas Armadas desplegaban operaciones en el Alto Huallaga para combatir a Sendero Luminoso y al narcotráfico. La sentencia sostiene que las víctimas, entre ellas dos menores de edad, habrían sido detenidas y ejecutadas durante la intervención militar.
El fallo, dado a conocer más de tres décadas después de los hechos, ha generado reacciones encontradas y reabrió la discusión sobre la actuación del Estado durante uno de los periodos más violentos de la historia reciente del país.
Rospigliosi cuestiona el fallo judicial
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó un rechazo frontal a la sentencia y defendió la inocencia del exoficial. Según declaró, no existirían pruebas directas que acrediten la responsabilidad penal de Villar Chamorro en los hechos materia de condena.
Rospigliosi afirmó que ningún testigo habría identificado de manera directa al entonces capitán del Ejército como autor de los crímenes y cuestionó que se emita una condena por sucesos ocurridos en 1994, cuando el país enfrentaba una ofensiva terrorista sostenida en zonas como el Alto Huallaga.
En ese sentido, sostuvo que Villar formaba parte de fuerzas especiales del Ejército y que su actuación se dio en el marco de operaciones militares orientadas a restablecer el orden y enfrentar a organizaciones subversivas y al narcotráfico.
Operación militar bajo investigación
De acuerdo con la resolución judicial, Roberto Villar Chamorro participó en una incursión militar desarrollada entre el 28 y el 31 de marzo de 1994, como parte de la denominada operación “Paraíso”. En ese momento, el hoy condenado se desempeñaba como capitán del Ejército y cumplía funciones en una zona considerada estratégica por la presencia de remanentes terroristas.
El tribunal concluyó que, durante dicha operación, ocho civiles perdieron la vida y que los hechos no se enmarcaron en un enfrentamiento armado, sino en una intervención que derivó en muertes ilegales. Entre las víctimas se encontraban personas adultas mayores, mujeres y menores de edad, incluyendo integrantes de una misma familia.
Estos elementos fueron determinantes para que la sala superior emitiera una sentencia condenatoria, al considerar acreditada la responsabilidad penal del exoficial en los hechos investigados.
La posición del exoficial condenado
Durante el proceso judicial, Villar Chamorro reconoció haber participado en la operación militar, pero negó haber cometido homicidios o haber ordenado acciones fuera del marco legal. Señaló que su intervención se dio como parte de una misión oficial y que nunca tuvo control directo sobre actos que vulneraran derechos fundamentales.
Asimismo, aclaró aspectos relacionados con su identificación durante las primeras etapas de la investigación, señalando que inicialmente fue mencionado bajo otro nombre, aunque posteriormente se precisó su identidad real como Roberto Emilio Villar Chamorro, conocido operativamente como “capitán Carlos”.
Su defensa cuestionó la valoración de los medios probatorios y sostuvo que la sentencia se basa en interpretaciones que no toman en cuenta el contexto de guerra interna que atravesaba el país en ese momento.
Debate político y memoria del conflicto
La condena ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional la responsabilidad del Estado en las operaciones contrasubversivas realizadas durante el conflicto armado interno. Para sectores vinculados a la defensa de derechos humanos, el fallo representa un acto de justicia tardía para las víctimas y sus familias.
Desde el otro extremo, voces políticas y militares advierten sobre el riesgo de criminalizar la actuación de las Fuerzas Armadas, señalando que decisiones como esta podrían afectar la moral institucional y desconocer el contexto extremo en el que se desarrollaron las operaciones.
El pronunciamiento de Rospigliosi se suma a una serie de reacciones que evidencian la persistente polarización en torno a los casos judiciales vinculados al periodo de violencia política.
Una herida que sigue abierta
Más de 30 años después de los hechos, el caso de Cayumba Chico continúa siendo una referencia dolorosa del conflicto interno. La sentencia contra Roberto Villar Chamorro no solo tiene implicancias penales, sino también simbólicas, al reavivar el debate sobre memoria, justicia y reconciliación.
Mientras la defensa del exoficial evalúa los recursos legales disponibles, el fallo marca un nuevo capítulo en los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la lucha contra el terrorismo. La discusión, lejos de cerrarse, seguirá presente en el escenario político y judicial del país.