La controversia en torno al refugio La Casa del Padre, vinculado a la congresista Milagros Jáuregui, ha escalado de las críticas ideológicas a graves denuncias de negligencia y desapariciones. El caso más dramático que ha vuelto a la luz es el de A.S.P., una adolescente que en 2022 buscó protección en este Centro de Acogida Residencial (CAR) tras sufrir abusos en su entorno familiar, pero que terminó huyendo debido a los presuntos maltratos de las tutoras.
Un año después de su huida del centro ubicado en Cieneguilla, el cuerpo de la joven fue hallado decapitado en Oxapampa. Su identificación fue posible solo gracias a que sus huellas figuraban en el sistema policial como menor desaparecida. Este trágico desenlace ha puesto en duda la eficacia del albergue para proteger a poblaciones vulnerables, revelando que la víctima había solicitado formalmente su traslado meses antes de escapar por sentirse hostigada en el recinto.
Cartas de despedida revelan hostilidad interna
Al momento de su fuga, la joven dejó manuscritos sobre su cama que hoy sirven como evidencia del clima emocional dentro de la institución. En sus cartas, dirigidas a las tutoras, expresó una profunda decepción por el trato recibido, señalando que fue juzgada sin ser conocida. Estos escritos refuerzan las versiones sobre un ambiente de maltrato psicológico que habría motivado a la menor a preferir la incertidumbre de la calle antes que la permanencia en el refugio de la parlamentaria.
Desaparición múltiple: Tres menores con paradero desconocido
El historial de evasiones en La Casa del Padre suma nuevos capítulos recientes. Según revelaciones del medio La Encerrona, el pasado 28 de enero de 2024 se reportó la desaparición simultánea de tres adolescentes: dos hermanas de 15 y 16 años, junto a una tercera menor de 15 años. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de las tres jóvenes, lo que ha encendido las alarmas sobre las fallas en los protocolos de vigilancia y bienestar.
La opacidad administrativa ha dificultado el acceso a información oficial, especialmente después de que el centro de acogida eliminara sus perfiles en redes sociales tras el estallido del escándalo mediático. La falta de respuestas por parte de la congregación evangélica administradora aumenta la preocupación de las organizaciones de derechos humanos sobre la seguridad de las menores que aún permanecen bajo su cuidado.
El papel del Estado y la fiscalización
Estos casos plantean interrogantes críticas sobre la supervisión que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce sobre los centros privados a los que deriva a víctimas de violencia sexual.