El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, descartó de manera categórica que el Gobierno peruano tenga previsto ingresar “por la fuerza” a la Embajada de México en Lima, donde permanece asilada la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por su presunta participación en los hechos que rodearon el intento de ruptura del orden constitucional en diciembre de 2022. La afirmación busca cerrar cualquier especulación sobre una eventual acción coercitiva del Estado en una sede diplomática extranjera.
Las declaraciones del canciller se produjeron este lunes 9 de febrero, luego de que la Cancillería expresara su malestar por la difusión de mensajes y videos de carácter político grabados por Chávez desde las inmediaciones de la representación mexicana. Según precisó De Zela, el Ejecutivo no ha evaluado ni evalúa una medida de esa naturaleza, en línea con los compromisos del Perú en materia de derecho internacional.
Rechazo explícito a cualquier acción coercitiva
Durante sus declaraciones a la prensa, el titular de Torre Tagle fue enfático al señalar que el ingreso forzado a la Embajada de México “ni siquiera se está considerando”. Subrayó que el Perú respeta la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, principio consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como en los tratados regionales sobre asilo.
“El Gobierno del Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México. Eso no está en evaluación ni forma parte de ninguna alternativa”, sostuvo De Zela, en un intento por desactivar versiones que circularon tras el pronunciamiento oficial sobre la conducta política de la ex primera ministra desde el recinto diplomático.
La Cancillería había manifestado previamente su preocupación por la difusión de mensajes con contenido político, los cuales —según el Ejecutivo— podrían contravenir el espíritu del asilo diplomático, que no debe ser utilizado como plataforma de activismo político.
El trasfondo del caso Betssy Chávez
Betssy Chávez, ex jefa del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, permanece asilada en la Embajada de México desde finales de 2025, luego de solicitar protección ante procesos judiciales abiertos en su contra. La exfuncionaria es investigada por su presunto rol en el intento de disolución del Congreso y la alteración del orden constitucional.
El otorgamiento del asilo por parte del Gobierno mexicano provocó una fuerte reacción del Estado peruano, que consideró la medida como un acto de injerencia en asuntos internos. Como consecuencia, Perú y México mantienen relaciones diplomáticas degradadas, con representaciones a nivel mínimo.
En ese contexto, las autoridades peruanas han reiterado que el respeto al derecho internacional no implica renunciar a expresar su desacuerdo frente a decisiones que consideran contrarias al orden jurídico nacional.
Malestar diplomático y límites del asilo
Desde Torre Tagle se ha remarcado que el asilo diplomático no debe ser utilizado para realizar pronunciamientos políticos ni intervenir en la coyuntura interna del país de origen. El reciente malestar expresado por la Cancillería responde precisamente a la difusión de contenidos políticos atribuidos a Chávez, los cuales fueron considerados incompatibles con la naturaleza de su condición de asilada.
No obstante, el canciller dejó claro que este desacuerdo no habilita ni justifica ninguna acción fuera del marco legal y diplomático, descartando así cualquier escenario de intervención directa en la sede mexicana.
Agenda internacional y gestiones en la OEA
En otro momento, Hugo de Zela informó sobre su reciente viaje a Washington D. C., donde sostuvo reuniones con representantes de gobiernos y organismos multilaterales. Según explicó, uno de los objetivos fue reforzar la coordinación regional en temas vinculados a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el orden constitucional.
El canciller detalló que el Perú viene impulsando, junto con otros países, una propuesta para que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consulte al Comité Jurídico Interamericano sobre la correcta aplicación de la Convención de Caracas en materia de asilo diplomático.
Esta iniciativa busca establecer criterios más claros frente a situaciones como la del caso Chávez, que ha generado tensiones diplomáticas y debates jurídicos en la región.
Visita del papa y agenda diplomática
De Zela también se refirió a la eventual visita del papa León XIV al Perú, prevista tentativamente entre noviembre y diciembre de este año. Confirmó que la invitación formal, firmada por el presidente del Congreso, fue enviada y recibida por el Vaticano, y que el sumo pontífice ha expresado interés en concretar el viaje.
Si bien aún no existe una fecha definida, el canciller señaló que, una vez confirmada, se iniciarán las coordinaciones logísticas y protocolares correspondientes.
Mensaje político y señal al exterior
Las declaraciones del canciller buscan enviar un doble mensaje: hacia el exterior, reafirmando que el Perú respeta estrictamente el derecho internacional y la inviolabilidad diplomática; y hacia el plano interno, marcando distancia frente a cualquier interpretación que sugiera una escalada del conflicto con México.
En medio de un escenario regional marcado por tensiones políticas y procesos electorales en marcha, el Ejecutivo peruano busca proyectar una imagen de prudencia diplomática, sin renunciar a la defensa de su posición frente al asilo concedido a una exalta funcionaria investigada por delitos graves.
Por ahora, el caso Betssy Chávez continúa siendo uno de los principales focos de fricción en la política exterior peruana, mientras el Gobierno insiste en que cualquier diferencia será canalizada por las vías legales y diplomáticas, descartando de plano cualquier acción de fuerza.