Polémica en torno a la legisladora
La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) se convirtió este miércoles en el centro de críticas tras admitir en un pódcast que niñas de entre 10 y 13 años, víctimas de violencia sexual, fueron alojadas en su albergue y obligadas a continuar con embarazos, con supuesta autorización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
En la entrevista ofrecida a Za Gente, Jáuregui explicó que el albergue fundado hace una década recibía menores derivadas por el Estado, asegurando que todas “reciben apoyo psicológico y emocional” y rechazando la interrupción legal del embarazo. “Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepienten (…) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”, señaló, generando una ola inmediata de repudio.
Rechazo de organizaciones y especialistas
Las declaraciones de la parlamentaria provocaron una avalancha de críticas en redes sociales y en organismos de derechos humanos. Rossina Guerrero, de Promsex, calificó la postura de Jáuregui como “cruel” y aseguró que su discurso deshumaniza a las menores y niega un derecho fundamental.
Por su parte, la abogada feminista Josefina Miró Quesada denunció que el MIMP habría facilitado la entrega de niñas a un albergue que, según su análisis, vulnera la protección estatal: “Reducir a niñas a ser solo un útero y obligarlas a maternar de por vida es criminal”, afirmó.
Impacto legal y social
El caso genera cuestionamientos sobre la intervención del MIMP y la aplicación de protocolos de protección de menores víctimas de violación. Expertos subrayan que la legislación peruana reconoce el aborto terapéutico en casos de riesgo a la salud física o mental de la menor, pero que las declaraciones de Jáuregui reflejan un patrón de imposición ideológica sobre la autonomía de las niñas.
La congresista Ruth Luque advirtió que grupos religiosos utilizan la fe como base para decisiones políticas que sacrifican los derechos de niñas y adolescentes, mientras estadísticas recientes muestran que en 2025, cada día tres niñas menores de 14 años continuaron embarazos tras violación.
Silencio oficial y expectación pública
Hasta el momento, la oficina de prensa del MIMP, dirigido por Sandra Gutiérrez, no ha emitido pronunciamiento sobre el caso. La controversia mantiene en alerta a organismos de derechos humanos, colectivos feministas y la opinión pública, que demandan acciones inmediatas para garantizar la protección integral de las menores afectadas.