La crisis de inseguridad en el Perú ha alcanzado un nivel de institucionalización alarmante. La empresa de transporte urbano Translima ha comenzado a emitir boletas de venta físicas a sus conductores donde figura explícitamente el concepto “EXTORSIÓN”. Este rubro, formalmente codificado, establece un pago individual de 15 soles destinado al cumplimiento de los cupos exigidos por bandas criminales.
Esta medida permite a las empresas contabilizar el dinero entregado a los delincuentes como parte de sus costos necesarios para operar, transformando un acto ilícito en un asiento contable de inversión operativa.
Protestas por el incremento de cupos criminales
La situación se agravó recientemente tras reportarse que los extorsionadores decidieron elevar la exigencia económica de S/ 15 a S/ 20 por conductor. Este incremento motivó un “apagado de motores” y una paralización parcial en la cochera de la empresa ubicada en Carabayllo.
Pese a la indignación, muchas unidades retomaron sus rutas debido a que los transportistas dependen de los ingresos diarios para su subsistencia, viéndose obligados a aceptar las condiciones impuestas por las mafias.
Estado reparará daños de extorsión con impuestos de ciudadanos
En paralelo a la formalización del cobro de cupos en las empresas, el Ejecutivo reglamentó la Ley N° 32490, la cual traslada el costo financiero de la extorsión al erario nacional. Según el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, publicado el 18 de enero, el Estado utilizará el presupuesto institucional —financiado por los impuestos de los peruanos— para la “reparación integral” de las víctimas.
La norma ordena la creación de un fondo de riesgo y garantía estatal para proteger a las unidades de transporte. Sin embargo, el enfoque no es preventivo, sino reactivo: su finalidad es financiar la reactivación de servicios que hayan sido afectados por atentados o amenazas.
Programa “Ruta Segura Restablecida”: Reparación y no prevención
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el encargado de ejecutar el programa denominado “Ruta Segura Restablecida”. Los puntos clave de este programa incluyen:
- Reparación de daños en infraestructura (estacionamientos y sedes).
- Reposición de unidades siniestradas por ataques criminales.
- Financiamiento para el equipamiento que resulte afectado durante los atentados.
Esta política del gobierno de José Jerí ha generado debate, pues implica que los fondos públicos se destinen a cubrir las consecuencias de un delito que el Estado no ha logrado frenar en las calles.