La muerte de un puma, especie protegida por la legislación peruana, ha puesto en alerta a las autoridades ambientales en la región San Martín. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) inició una investigación preliminar contra dos sujetos detenidos en flagrancia por el presunto delito de depredación de fauna silvestre, luego del hallazgo del animal sin vida en el sector Ishanga, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.
El caso, que se hizo público tras la circulación de imágenes en redes sociales, ha reavivado el debate sobre la caza ilegal de especies protegidas y la débil fiscalización en zonas rurales de la Amazonía peruana, donde la presión humana sobre la vida silvestre continúa en aumento.
Hallazgo del puma y difusión en redes sociales
De acuerdo con información oficial del Ministerio Público, la investigación se activó luego de que se detectaran fotografías y videos difundidos en redes sociales, en los que se observaba a los presuntos involucrados en posesión del ejemplar de puma tras su fallecimiento. Este hecho permitió a las autoridades identificar rápidamente a los sospechosos y coordinar acciones inmediatas.
El animal fue hallado en el sector Ishanga, una zona rural del distrito de Campanilla, área donde se han reportado en los últimos años diversos incidentes vinculados a la caza ilegal y tráfico de fauna silvestre. El puma es una especie catalogada como protegida, cuya caza, captura o comercialización está expresamente prohibida por la normativa ambiental vigente.
Detención en flagrancia y acción fiscal
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín – sede Juanjuí, a cargo del fiscal provincial John Ventura Castillo, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra los dos sujetos implicados. La intervención se realizó en coordinación con la Policía Nacional del Perú, específicamente con efectivos de la comisaría de Campanilla.
La fiscal adjunta provincial Rosario Horna Cienfuegos encabezó las diligencias iniciales, que incluyeron el reconocimiento del lugar de los hechos, la ubicación del animal y la identificación plena de los presuntos responsables. Posteriormente, se logró ubicar el domicilio de los investigados, donde se encontraron partes del animal silvestre y otros restos, los mismos que fueron incautados como parte de la investigación.
Incautación de restos y participación de la ARA
Durante la diligencia fiscal también participó personal de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín, entidad encargada de velar por la conservación de los recursos naturales en la región. Los restos incautados serán sometidos a peritajes técnicos que permitirán determinar las circunstancias exactas de la muerte del puma y fortalecer la imputación penal contra los investigados.
Según fuentes fiscales, la evidencia hallada resulta clave para sustentar el presunto delito de depredación de fauna silvestre, tipificado en el Código Penal peruano, que contempla penas de prisión efectiva cuando se trata de especies protegidas o en peligro.
Delito ambiental y consecuencias penales
El delito de depredación de fauna silvestre contempla sanciones severas, especialmente cuando se afecta a especies protegidas como el puma. La legislación peruana establece penas que pueden superar los cuatro años de cárcel, además de multas económicas y otras sanciones administrativas.
Desde el Ministerio Público se recordó que la caza, tenencia o comercialización de fauna silvestre no solo constituye un delito penal, sino que genera un impacto directo en el equilibrio de los ecosistemas amazónicos, ya de por sí amenazados por actividades ilegales como la tala, la minería y el narcotráfico.
Contexto ambiental en San Martín
La región San Martín es considerada una de las zonas con mayor biodiversidad del país, pero también una de las más vulnerables frente a la caza ilegal de fauna silvestre. Organizaciones ambientales han advertido que la presión sobre especies emblemáticas como el puma se ha intensificado en áreas rurales, donde la fiscalización es limitada y las denuncias suelen llegar tarde.
Este nuevo caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar la presencia del Estado en zonas alejadas, así como de impulsar campañas de sensibilización dirigidas a las comunidades locales sobre la importancia de proteger la fauna silvestre.
Exhortación a la ciudadanía
A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa del medio ambiente y la protección del patrimonio natural del país. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra la fauna silvestre o los ecosistemas.
Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse de manera directa ante la Fiscalía, la Policía Nacional o las autoridades ambientales regionales, y que la colaboración ciudadana resulta clave para combatir los delitos ambientales en el país.