Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) alcanzaron un total de 1994 sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública durante el año 2025, de acuerdo con el balance presentado por la Coordinación Nacional de este subsistema del Ministerio Público.
El resultado refleja el alcance de las investigaciones fiscales a nivel nacional y permitió que el Poder Judicial ordene el pago de S/ 83 438 222.14 por concepto de reparaciones civiles en favor del Estado, como consecuencia de actos ilícitos que afectaron recursos públicos.
Funcionarios, servidores y particulares sentenciados
Del total de personas condenadas, 891 fueron funcionarios públicos, 597 servidores del Estado y 506 particulares, conocidos como extraneus, que participaron en delitos de corrupción sin ostentar un cargo público.
Dentro del grupo de funcionarios y servidores sentenciados, se contabilizan 76 alcaldes, evidenciando la incidencia de estos delitos en el ámbito de los gobiernos locales. A ello se suma la condena de 177 gerentes, tanto regionales como municipales, involucrados en actos ilícitos vinculados al manejo de fondos públicos y procesos administrativos.
Policías entre los principales condenados
El balance estadístico de las FECOF también revela que 170 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron condenados durante el 2025 por delitos de corrupción, consolidándose como uno de los grupos con mayor número de sentencias dentro de las instituciones del Estado.
Este resultado expone la persistencia de prácticas corruptas en sectores estratégicos vinculados a la seguridad ciudadana, y refuerza la atención de las fiscalías especializadas sobre este tipo de conductas.
Operativos y prisión preventiva
Durante el año 2025, las fiscalías especializadas ejecutaron 22 operaciones y megaoperaciones, todas autorizadas judicialmente, orientadas a desarticular redes de corrupción en distintas regiones del país.
En ese mismo periodo, se logró que el Poder Judicial declare fundados 111 requerimientos de prisión preventiva contra investigados por delitos de corrupción, medida considerada clave para asegurar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos procesales.
Levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones
En el ámbito de la investigación financiera y probatoria, los fiscales consiguieron la autorización judicial para 232 requerimientos de levantamiento del secreto bancario y 379 requerimientos de levantamiento de la reserva de las comunicaciones.
Estas diligencias permitieron la incautación de S/ 723 175 y USD 3340 en efectivo, así como de bienes valorizados en más de S/ 775 000 y USD 42 000, fortaleciendo los procesos de recuperación de activos vinculados a la corrupción.
Delitos con mayor número de condenas
Entre los delitos que registraron el mayor número de sentencias condenatorias durante el 2025 figura el peculado simple, con 162 condenas, seguido de la colusión agravada, con 117, y la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, con 110 sentencias.
Estas cifras confirman que las modalidades de corrupción más recurrentes están asociadas al uso indebido de recursos públicos y a la manipulación de procesos de contratación y gestión estatal.
Regiones con más sentencias condenatorias
A nivel territorial, los distritos fiscales que concentraron el mayor número de sentencias por delitos de corrupción fueron Cusco, con 59 condenas; Áncash, Arequipa y Junín, con 47 condenas cada uno; y Ayacucho, con 43 sentencias condenatorias.
El reporte evidencia que la problemática de la corrupción se mantiene extendida en diversas regiones del país, con una respuesta fiscal sostenida desde las sedes descentralizadas del Ministerio Público.
Transparencia frente a la ciudadanía
El fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador nacional de las FECOF, señaló que este balance constituye un ejercicio de transparencia frente a la ciudadanía, en un contexto de incremento sostenido de denuncias por corrupción en todo el país.
Asimismo, destacó la labor de los fiscales especializados, quienes —según precisó— actúan con rigor y respeto a la legalidad, pese a enfrentar limitaciones de recursos y una alta carga procesal.
Lucha anticorrupción y desafíos pendientes
Los resultados obtenidos en el 2025 reflejan el esfuerzo institucional por enfrentar los delitos contra la administración pública. No obstante, las cifras también ponen en evidencia la magnitud del problema y los desafíos pendientes en materia de prevención, control y fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia.
Con casi dos mil condenas en un solo año, las fiscalías especializadas consolidan su rol en la lucha anticorrupción, en un escenario donde la demanda ciudadana por sanciones efectivas y recuperación de recursos públicos sigue en aumento.