La crisis por el acceso al agua potable vuelve a encender las calles del sur de Lima. Más de 5 mil pobladores de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores anunciaron una marcha de protesta hacia Palacio de Gobierno para exigir la continuidad de la mega obra Nueva Rinconada, proyecto que permitiría dotar de agua y saneamiento a más de 400 mil familias. La movilización se realizará este lunes 2 de febrero desde las 7:00 a. m.
La protesta también incluye un pedido político directo: la renuncia inmediata del presidente del Directorio de Sedapal, Hugo Fernando Obando Concha, a quien los dirigentes responsabilizan por la paralización progresiva del proyecto y por decisiones administrativas que —según denuncian— estarían poniendo en riesgo la culminación de la obra.
Marcha partirá desde Villa María del Triunfo
Los organizadores informaron que el punto de concentración será la Curva Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo, desde donde partirán rumbo al centro de Lima. A la movilización se sumarán delegaciones de San Juan de Lurigancho, Manchay, Chorrillos, así como trabajadores de Construcción Civil, ampliando el alcance de una protesta que busca visibilizar una problemática estructural en la gestión del agua potable.
Los dirigentes advirtieron que se trata de una manifestación pacífica, pero firme, ante lo que consideran una falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo y de la empresa estatal encargada del servicio.
Reunión fallida con el Ministerio de Vivienda
La convocatoria a la marcha fue ratificada luego de una reunión sin acuerdos sostenida el último sábado con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes. Según los representantes vecinales, el encuentro no ofreció garantías reales para asegurar la continuidad del proyecto, motivo por el cual decidieron mantener la medida de protesta.
Los pobladores señalaron que han agotado las vías de diálogo y que, ante la ausencia de compromisos verificables, optaron por trasladar su reclamo directamente al Ejecutivo.
Obra con 85 % de avance en riesgo de paralización
La Nueva Rinconada registra, de acuerdo con los dirigentes, un avance físico aproximado del 85 %, pero enfrenta serios problemas financieros y administrativos. Carlos Chávez, dirigente de la Comisión Central de Agua y Alcantarillado de la Nueva Rinconada, advirtió que el accionar de Sedapal estaría llevando al proyecto a una paralización técnica.
“El accionar irregular de Sedapal impedirá en los próximos meses que el Consorcio San Miguel pueda valorizar los mayores metrados realmente ejecutados. Sin valorización, la caída de la obra es inminente”, afirmó Chávez.
Denuncian boicot y trabas administrativas
El dirigente sostuvo que Sedapal no estaría garantizando la continuidad de la obra y denunció lo que calificó como un boicot sistemático desde la administración. Según explicó, la negativa a aprobar y pagar los mayores metrados ejecutados estaría generando una falta de liquidez que pone en riesgo la culminación del proyecto.
“Sedapal está llevando el proyecto a una inminente paralización técnica debido a la falta de liquidez que requiere la obra. Esto es consecuencia directa de no reconocer los trabajos ya ejecutados”, señaló.
Exigen investigar responsabilidades en Sedapal
Además de exigir la continuidad inmediata de la obra, los dirigentes pidieron que se investiguen las responsabilidades de funcionarios de Sedapal y de la empresa supervisora que estarían involucrados en las irregularidades denunciadas. Consideran necesario remover los “obstáculos administrativos ilegales” que impiden el avance de los trabajos.
Para los pobladores, el problema no es solo técnico o contractual, sino una muestra de una deficiente gestión pública que termina afectando derechos fundamentales.
“No pedimos favores, defendemos un derecho”
Carlos Chávez fue enfático al señalar que la protesta no responde a intereses políticos, sino a una demanda básica de la población. “No aceptaremos silencio, demoras ni respuestas tibias. La población merece una solución inmediata, verificable y completa”, sostuvo.
“El agua potable segura y el saneamiento digno no son un favor. Son un derecho básico. Las familias no pueden seguir pagando el precio de la ineficiencia y la falta de compromiso del Estado”, concluyó.
La marcha del lunes se perfila así como una nueva prueba para el Gobierno en su capacidad de respuesta frente a demandas sociales vinculadas a servicios esenciales, en un contexto de creciente tensión por el acceso al agua en Lima Metropolitana.