La crisis política en el Gobierno Regional del Callao sumó un nuevo capítulo este domingo, luego de que la gobernadora regional interina, Edita Vargas, anunciara públicamente que no se permitirá el retorno de Ciro Castillo Rojo a sus funciones, pese a la reciente decisión judicial que anuló la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra. La autoridad regional sostuvo que la situación legal del suspendido gobernador debe ser evaluada por el Consejo Regional, al tiempo que solicitó garantías policiales ante el temor de un intento de ingreso forzado a la sede institucional.
Las declaraciones se produjeron en medio de un escenario de alta tensión política y administrativa en el primer puerto, donde el caso de Castillo Rojo —investigado por presunta organización criminal y colusión agravada— mantiene en vilo a las autoridades regionales y a la ciudadanía chalaca.
Gobernadora interina desconoce retorno automático
Edita Vargas fue enfática al señalar que la anulación de la prisión preventiva no implica un retorno inmediato de Ciro Castillo al cargo de gobernador regional. Según explicó, corresponde al Consejo Regional del Callao evaluar la situación jurídica y administrativa del funcionario investigado y determinar si existen condiciones para que retome sus funciones.
La autoridad interina remarcó que Castillo no se ausentó del cargo por una licencia regular o un viaje oficial, sino en el marco de una investigación penal en curso. En ese sentido, advirtió que permitir su regreso sin una evaluación previa podría generar riesgos para la administración pública y para el desarrollo de las investigaciones fiscales.
Vargas insistió en que cualquier decisión debe adoptarse respetando los procedimientos legales y asumiendo las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan a los consejeros regionales que avalen o rechacen el eventual retorno.
Temor por documentación clave de la investigación
Uno de los puntos centrales expuestos por la gobernadora interina fue el riesgo sobre la documentación administrativa que forma parte de las investigaciones fiscales. Vargas alertó que, de permitirse el reingreso de Castillo Rojo al Gobierno Regional, podría verse comprometida información relevante para los procesos judiciales en curso.
Según explicó, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contrataciones de personal y servicios dentro del Gobierno Regional del Callao, por lo que el acceso irrestricto a oficinas y archivos podría afectar la preservación de pruebas.
La funcionaria recalcó que la prioridad de su gestión interina es garantizar la transparencia y colaborar con las autoridades judiciales, evitando cualquier interferencia que ponga en riesgo el esclarecimiento de los hechos.
Solicitud de apoyo a la Policía Nacional
En un mensaje que elevó la tensión política, Edita Vargas confirmó que ha solicitado apoyo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante información que indicaría que Ciro Castillo intentaría ingresar este lunes 2 de febrero a la sede del Gobierno Regional del Callao de manera prepotente y acompañado de un grupo de personas.
La gobernadora interina indicó que cuenta con medidas de protección personal y que ha coordinado tanto con la Región Policial del Callao como con la Fiscalía de turno para evitar incidentes. En sus declaraciones, subrayó que el edificio del Gobierno Regional “no es la casa de nadie”, sino una institución pública al servicio de la población chalaca.
La presencia policial busca prevenir enfrentamientos, garantizar el orden público y asegurar que cualquier actuación se realice dentro del marco de la ley.
Investigación fiscal contra Ciro Castillo
Ciro Castillo Rojo es investigado desde diciembre del año pasado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada. Según la tesis del Ministerio Público, el suspendido gobernador integraría la red conocida como “Los Socios del Callao”, que habría operado dentro del Gobierno Regional.
De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos integrantes de esta organización se habrían valido de sus cargos para fragmentar contrataciones públicas por montos iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con el objetivo de evitar los procesos de selección establecidos por la normativa vigente.
Este mecanismo habría permitido direccionar contrataciones de personal y servicios, generando un perjuicio al Estado y vulnerando los principios de transparencia y competencia en la administración pública.
Escenario político abierto en el Callao
La eventual reaparición de Ciro Castillo y su intención de retomar funciones han reavivado la crisis política en el Callao, una región históricamente golpeada por casos de corrupción y disputas de poder. La postura de la gobernadora interina abre un escenario de confrontación institucional, en el que el rol del Consejo Regional será determinante.
Mientras tanto, el caso pone nuevamente bajo la lupa la fragilidad de los mecanismos de control en los gobiernos regionales y el impacto que los procesos judiciales tienen sobre la gobernabilidad local.
La decisión que adopten las autoridades en las próximas horas marcará el rumbo político del Callao y podría tener implicancias legales tanto para los funcionarios que avalen un eventual retorno como para quienes lo impidan.