El escenario político en el Callao vuelve a tensarse. Ciro Castillo Rojo, gobernador regional suspendido e investigado por el caso Los Socios del Callao, acudirá este lunes 2 de febrero a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo, luego de que el Poder Judicial anulara la orden de 24 meses de prisión preventiva que pesaba en su contra. Así lo anunció su abogado, Humberto Abanto, quien sostiene que no existe ninguna medida legal que le impida reincorporarse a sus funciones.
El anuncio se produce en medio de un clima de confrontación institucional, marcado por la oposición expresada por la gobernadora regional interina y la advertencia de un posible accionar policial que, según la defensa, podría derivar en una detención irregular.
Defensa afirma que suplencia terminó automáticamente
De acuerdo con el abogado Humberto Abanto, la situación legal de su patrocinado es clara: al haberse anulado la prisión preventiva y no existir restricciones vigentes que afecten su libertad personal, la suplencia en el cargo debe cesar de manera obligatoria.
El letrado explicó que la ausencia de Castillo Rojo no respondió a una vacancia ni a una licencia solicitada, sino exclusivamente a los mandatos judiciales que restringían su libertad. En ese sentido, sostuvo que el gobernador regional mantiene vigente su credencial y que la vicegobernadora asumió funciones solo de manera temporal.
Según Abanto, Ciro Castillo se presentará desde las ocho de la mañana en la sede del Gobierno Regional del Callao con el objetivo de ejercer plenamente el cargo para el que fue elegido.
Advertencia sobre posible detención policial
Uno de los puntos más delicados expuestos por la defensa es la advertencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) de que podría detener a Castillo Rojo si es intervenido, al considerar que aún estaría vigente una requisitoria en su contra. Esta situación fue calificada por Abanto como grave y potencialmente escandalosa.
El abogado señaló que ya existe un oficio judicial que comunica la anulación de la prisión preventiva y la imposición de comparecencia con restricciones, por lo que cualquier detención en ese contexto podría constituir una vulneración de derechos fundamentales.
Ante este escenario, el letrado hizo un llamado directo al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, para que adopte medidas y evite un conflicto institucional que podría escalar a un escándalo nacional.
Riesgo de conflicto institucional en el Callao
El eventual ingreso de Ciro Castillo al Gobierno Regional del Callao se da en un contexto de resistencia interna. Desde la administración interina se ha planteado que el Consejo Regional debe evaluar su situación antes de permitir su retorno, mientras se solicita apoyo policial para evitar incidentes.
Esta confrontación de posiciones abre un escenario complejo, en el que confluyen decisiones judiciales, interpretaciones administrativas y actuaciones policiales, con el riesgo de generar un vacío de autoridad o una crisis de gobernabilidad en la región.
La tensión se incrementa ante la posibilidad de que fuerzas del orden intenten impedir el ingreso del gobernador suspendido, pese a la resolución judicial favorable obtenida por su defensa.
Cuestionamientos a la investigación fiscal
En paralelo, Humberto Abanto cuestionó duramente la investigación fiscal seguida contra su patrocinado. Según indicó, el proceso habría estado plagado de irregularidades, entre ellas la falta de notificación oportuna sobre las diligencias en su contra.
El abogado sostuvo que la tesis del Ministerio Público se habría sustentado, en parte, en las declaraciones de una persona que promovió la revocatoria de Ciro Castillo como autoridad regional, lo que —a su juicio— resta objetividad a la investigación.
Abanto también criticó la difusión mediática de hipótesis fiscales que calificó de alarmistas, señalando que este tipo de estrategias no serían nuevas en la política regional del Callao.
Antecedentes del caso “Los Socios del Callao”
Ciro Castillo Rojo fue investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en el marco del caso conocido como Los Socios del Callao. El pasado 11 de enero, el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao dictó 24 meses de prisión preventiva en su contra.
No obstante, el último viernes, la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao declaró fundada en parte la apelación presentada por su defensa, anuló la prisión preventiva y ordenó que afronte el proceso bajo el régimen de comparecencia con restricciones.
Esta decisión judicial abrió la puerta al debate sobre su reincorporación inmediata al cargo y reactivó las tensiones políticas en el Gobierno Regional.
Un lunes decisivo para el Gobierno Regional
La presencia anunciada de Ciro Castillo en la sede del GORE Callao marcará un punto de inflexión en la crisis regional. La actuación de la Policía, la posición del Consejo Regional y la respuesta de la administración interina serán determinantes para evitar un escenario de confrontación mayor.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en evidencia la fragilidad institucional en los gobiernos regionales y el impacto directo que las decisiones judiciales tienen sobre la gobernabilidad y la estabilidad política.