El Perú registra casi 400 denuncias por trabajo forzoso en los últimos cinco años, una cifra que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este delito y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población frente a redes de explotación laboral. Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) al conmemorarse este 1 de febrero el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, fecha en la que el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la prevención, fiscalización y erradicación de esta práctica ilegal.
De acuerdo con cifras oficiales del sector, entre los años 2020 y 2025 se han registrado 393 denuncias por presuntos casos de trabajo forzoso, siendo las regiones Lima, Callao, Puno y Loreto las que concentran el mayor número de reportes. El MTPE advirtió que estas cifras podrían ser mayores debido al subregistro, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias.
Un delito oculto tras falsas promesas laborales
El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, explicó que el trabajo forzoso suele iniciarse con ofertas laborales engañosas, especialmente dirigidas a personas en situación de pobreza, migrantes internos o extranjeros, jóvenes y poblaciones rurales.
Según detalló, las víctimas son captadas con promesas de altos ingresos, alojamiento o beneficios laborales, que nunca se cumplen una vez iniciado el vínculo laboral. En muchos casos, los trabajadores son sometidos a jornadas excesivas, retención de documentos, amenazas, deudas ficticias o restricciones para abandonar el lugar de trabajo.
“El trabajo forzoso constituye un delito grave y está prohibido por la Constitución Política del Perú y por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado”, señaló el titular del MTPE, recordando que el país es parte del Convenio N.° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Regiones con mayor número de casos reportados
Las estadísticas del MTPE muestran que el problema no se limita a un solo sector económico ni a una zona específica del país. Las regiones con mayor número de denuncias son Lima Metropolitana y Callao, debido a su alta concentración poblacional y actividad económica, seguidas por Puno y Loreto, donde el trabajo forzoso suele vincularse a actividades extractivas, comercio informal y labores agrícolas.
El ministro Fernández explicó que en estas zonas muchas víctimas enfrentan aislamiento geográfico, barreras lingüísticas o dependencia económica, lo que dificulta la denuncia oportuna y la intervención de las autoridades.
“Las víctimas suelen ser intimidadas cuando intentan abandonar el trabajo o denunciar las condiciones abusivas. El miedo es uno de los principales obstáculos para visibilizar este delito”, advirtió.
Sanciones penales y multas administrativas
El MTPE recordó que el trabajo forzoso es un delito penal, sancionado con penas severas. De acuerdo con la legislación vigente, los responsables pueden enfrentar penas de entre 6 y 12 años de prisión, las cuales pueden extenderse hasta 25 años cuando concurren agravantes, como la afectación a menores de edad, el uso de violencia extrema o la muerte de la víctima.
A estas sanciones se suman las multas administrativas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que pueden oscilar entre 50 y 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados.
Las autoridades recalcaron que el trabajo forzoso no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también distorsiona el mercado laboral y fomenta economías ilegales.
Política nacional contra el trabajo forzoso
Como parte de la respuesta estatal, el Ministerio de Trabajo informó que se encuentra en proceso de formulación la Política Nacional Multisectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso, un instrumento que busca articular esfuerzos entre distintos sectores del Estado.
Esta política contempla acciones de prevención, fiscalización, atención a víctimas, persecución penal y sensibilización ciudadana, con el objetivo de reducir de manera sostenida la incidencia de este delito en el país.
El MTPE indicó que la estrategia también apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales, así como a mejorar los mecanismos de detección temprana.
Canales de denuncia y orientación gratuita
Finalmente, el ministerio exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de trabajo forzoso o situación sospechosa. Las denuncias pueden realizarse a través de la SUNAFIL, mediante la plataforma digital del Estado.
Asimismo, el MTPE recordó que se brinda orientación gratuita a través de la línea 1819, disponible de lunes a viernes, en horario laboral, para víctimas o personas que tengan conocimiento de este delito.
“El trabajo forzoso no es solo un problema laboral, es una grave violación a los derechos humanos que debemos erradicar como sociedad”, enfatizó el ministro.