El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal y mantener el orden interno. La medida también incluye el centro poblado de Chagualito, en Sánchez Carrión, y fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 016-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano.
Restricciones y derechos suspendidos
Durante la prórroga, se limita temporalmente el ejercicio de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, según lo establecido en la Constitución. Además, se mantiene la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz entre las 22:00 y las 05:00 horas.
No obstante, la norma contempla excepciones para personal esencial de servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas. Asimismo, se permite el desplazamiento de personas que requieran atención médica urgente o adquisición de medicamentos durante la inmovilización.
Participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional
El Comando Unificado de Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será responsable de implementar las acciones de control en la zona, respetando las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las reglas de empleo y uso de la fuerza. Los resultados de la intervención serán reportados al Ministerio de Defensa y, al finalizar el estado de emergencia, se elevará un informe a la Presidencia de la República y al Congreso.
Autoridades que respaldan la medida
El decreto supremo cuenta con la rúbrica del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial Ernesto Álvarez, y de los ministros de Defensa, César Díaz Peche; Energía y Minas, Luis Bravo; Interior, Vicente Tiburcio; Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez; y Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. La medida busca garantizar la seguridad y proteger a la población de Pataz, así como reducir el impacto de la minería ilegal en la región.