Ola de violencia contra mototaxistas
Una nueva ola de extorsión y violencia afecta a los mototaxistas del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Criminales exigen el pago de 3 mil soles como cupo obligatorio, amenazando con asesinar a quienes no cumplan.
El hecho se registró en el Asentamiento Humano 15 de Enero, donde dos conductores fueron atacados a plena luz del día. Los delincuentes dispararon contra ellos, dejándolos heridos en el suelo, en un acto que evidencia la creciente inseguridad en la zona.
Protesta y desesperación de los trabajadores
Tras el atentado, los mototaxistas realizaron un plantón frente a la comisaría de la Huayrona, bloqueando el tránsito en señal de protesta y buscando atención inmediata de las autoridades.
La manifestación refleja el miedo que viven los transportistas informales y la frustración ante la aparente incapacidad de las fuerzas del orden para frenar a las bandas criminales que operan con impunidad en SJL. Vecinos y trabajadores exigieron una intervención rápida para garantizar la seguridad en sus labores diarias.
Crimen organizado y cupos ilegales
El caso evidencia la presencia de bandas dedicadas a la extorsión, que imponen pagos obligatorios y utilizan la violencia como mecanismo de control. Este tipo de delitos afecta no solo a los trabajadores, sino también a la movilidad y tranquilidad de toda la comunidad.
Autoridades policiales informaron que se realizarán investigaciones para identificar a los responsables y frenar estas exigencias, aunque los vecinos reclaman medidas más contundentes y patrullaje constante en los puntos críticos del distrito.
Urgencia de una respuesta institucional
El ataque y la protesta muestran la urgencia de acciones integrales de seguridad ciudadana en SJL. Mototaxistas y vecinos coinciden en que solo con mayor presencia policial, sanciones efectivas y coordinación con el Ministerio Público se podrá frenar la violencia y la extorsión que azotan al distrito.
Mientras tanto, los trabajadores continúan movilizándose para visibilizar su situación, buscando que las autoridades prioricen su protección frente a las amenazas de muerte que ponen en riesgo sus vidas y sustento.