Sunat desconoció facturas de 78 empresas sin capacidad operativa

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) publicó la lista de contribuyentes sin capacidad operativa al 31 de diciembre de 2025, afectando más de 57,000 clientes y más de S/ 3,195 millones en crédito fiscal y gastos deducibles.

por Edgar Mandujano

Identificación de empresas sin capacidad operativa

La Sunat informó que 78 sujetos sin capacidad operativa (SSCO) fueron calificados como contribuyentes que podían emitir comprobantes de pago, pero carecían de recursos económicos, financieros, materiales o humanos adecuados para realizar las operaciones declaradas. De estos, 56 estaban ubicados en Lima, dos en Chimbote, siete en La Libertad, tres en Arequipa, tres en Cajamarca, dos en Ayacucho, dos en Huánuco, dos en Ica y uno en Piura.

Durante el periodo analizado, estos SSCO emitieron 455,000 facturas, 23,000 notas de crédito y 66 notas de débito a 57,804 clientes. El monto de crédito fiscal del IGV y gasto o costo para el IR que la Sunat no reconoció superó los S/ 3,195 millones.

Sectores y regímenes afectados

Del total de clientes afectados, 39,177 pertenecían al régimen mype tributario, 12,355 al especial y 5,509 al general. Según el sector económico, más de 16,000 correspondían a actividad comercial, 24,351 a servicios, 7,811 a manufactura y 7,347 a construcción, entre los principales.

La Sunat recordó que, tras la publicación en su portal oficial, durante cuatro años estas empresas no pudieron emitir comprobantes de pago, notas de crédito ni de débito, salvo liquidaciones de compra. Solo se les permitió emitir boletas de venta electrónicas.

Solicitud de revisión y control tributario

Los clientes afectados tuvieron un plazo de 30 días hábiles para solicitar la revisión de comprobantes y documentos emitidos por los SSCO desde el 20 de marzo de 2022 hasta la fecha de publicación.

Con esta medida, la Sunat buscó reducir el riesgo de operaciones no reales (ONR), disuadir conductas evasoras, mejorar la recaudación de IGV e IR y combatir la competencia desleal, estableciendo un modelo de control eficiente dentro de un marco legal garantista.

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