El Poder Judicial admitió a trámite la querella por difamación agravada presentada por la suspendida fiscal Delia Espinoza Valenzuela contra el congresista y actual presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. La resolución del Juzgado Supremo Unipersonal marca el inicio de un proceso legal que confronta nuevamente a figuras clave del Ministerio Público y el Legislativo.
La acción legal surge a raíz de una serie de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales donde Rospigliosi utilizó calificativos que Espinoza considera lesivos para su honor. Según la exmagistrada, el legislador la tildó de “aliada del terrorismo” y de favorecer a las “economías ilegales”, además de referirse a ella como “desquiciada”.
El origen del conflicto
Espinoza detalló en una reciente conferencia de prensa que intentó agotar la vía administrativa mediante el envío de dos cartas notariales solicitando una rectificación, las cuales no tuvieron éxito. La defensa de la fiscal sostiene que las afirmaciones del titular del Congreso no se enmarcan en la crítica política, sino que constituyen una imputación falsa de delitos y un agravio personal directo.
Por su parte, Fernando Rospigliosi ha mantenido una postura desafiante. A través de sus plataformas digitales, calificó a Espinoza como una “exfiscal gatillo fácil” y la acusó de utilizar su poder de forma prevaricadora para perseguir a quienes la cuestionan. “¡Basta ya! ¡La JNJ debe hacerse respetar!”, escribió el legislador, ratificando sus críticas hacia la gestión de la magistrada en el Ministerio Público.
Implicancias legales
Al ser Rospigliosi un alto funcionario del Estado, el caso es visto por una instancia suprema. De hallarse responsabilidad, el delito de difamación agravada a través de medios de comunicación social contempla penas privativas de libertad y el pago de reparaciones civiles. El proceso continuará con la notificación oficial a las partes para las declaraciones correspondientes.