La suerte parece haberse agotado para el hombre que alguna vez hizo de la “lucha anticorrupción” su principal bandera política. El Poder Judicial ha sido taxativo: Martín Vizcarra Cornejo no saldrá del penal de Barbadillo, al menos no por ahora. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso que buscaba suspender la ejecución provisional de su condena, una decisión que sepulta —momentáneamente— la estrategia de su defensa para que el exmandatario afronte la segunda instancia en libertad.
Vizcarra, quien cumple una sentencia de 14 años por el delito de cohecho pasivo propio, pretendía convencer a los magistrados de que su estancia en prisión era innecesaria y peligrosa para su integridad. Sin embargo, el tribunal ha enviado un mensaje de firmeza: las sentencias por corrupción de funcionarios de alto nivel, incluso en primera instancia, tienen un peso específico que la justicia peruana ya no está dispuesta a ignorar.
El portazo judicial
El fallo del tribunal de apelaciones es un balde de agua fría para el entorno del expresidente. La defensa de Vizcarra había solicitado que se suspenda la ejecución de la pena mientras se resolvía la apelación de fondo. El argumento central radicaba en que el exgobernador de Moquegua siempre había mostrado disposición ante la justicia y que el arraigo era suficiente para garantizar que no eludiría el proceso.
Sin embargo, para los magistrados, la sentencia de 14 años es de una “especial gravedad”. La resolución señala con claridad que “la ejecución provisional constituye una medida necesaria” dada la naturaleza de los delitos imputados y la cuantía de la pena. El tribunal recordó que la norma procesal permite que las sentencias condenatorias produzcan efectos inmediatos, una herramienta legal que se ha vuelto el estándar en casos de corrupción que involucran a figuras de alto perfil político.
La estrategia médica fallida
Uno de los puntos más polémicos de la solicitud de Vizcarra fue el uso de su estado de salud como salvoconducto. El expresidente alegó haber sufrido complicaciones renales severas, llegando a afirmar que perdió un riñón debido a la presunta demora en su traslado a una clínica privada desde el penal. Para la defensa, este era el argumento humanitario definitivo para que se le permitiera regresar a su domicilio bajo vigilancia.
No obstante, la Sala Penal fue lapidaria en su análisis. Según el tribunal, no existe un “nexo causal” probado entre la reclusión y el deterioro de su condición clínica. En otras palabras, la justicia determinó que el sistema penitenciario puede y debe garantizar la atención médica necesaria sin que ello implique la liberación del reo. El argumento del “riñón perdido” no fue suficiente para quebrar la convicción de los jueces sobre la necesidad de mantenerlo tras las rejas de Barbadillo, el penal donde hoy convive con los fantasmas de otros mandatarios caídos.
Lomas de Ilo: El origen de la caída
Para entender la reclusión de Vizcarra hay que mirar hacia el sur, específicamente a su gestión como gobernador regional de Moquegua. La condena de 14 años se sustenta en hechos que ocurrieron antes de que llegara a la vicepresidencia y, posteriormente, a Palacio de Gobierno. La justicia acreditó que Vizcarra recibió sobornos de empresas vinculadas al “Club de la Construcción”, específicamente para favorecer la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.
El caso, basado en testimonios de colaboradores eficaces y una robusta prueba documental, reveló que el entonces gobernador regional cobró coimas para facilitar contratos a las empresas Obrainsa e ICCGSA. Los pagos, que según la Fiscalía sumaron millones de soles, marcaron el inicio de una investigación que terminó desnudando la cara oculta del “reformista” que cerró el Congreso en 2019. Lo que alguna vez fue visto como un liderazgo pragmático, hoy es interpretado por la justicia como un esquema de corrupción de largo aliento.
El factor Barbadillo
Martín Vizcarra no es un preso más. Su permanencia en Barbadillo consolida a este recinto como el epicentro del fracaso de la clase política peruana de las últimas décadas. Compartiendo espacio con otros expresidentes investigados o condenados, como Alejandro Toledo y Pedro Castillo, Vizcarra se convierte en un símbolo de la “mano dura” judicial que parece haber tomado impulso desde el inicio de este 2026.
La firmeza del Poder Judicial en este caso es leída por analistas como un intento de recuperar la legitimidad perdida. Al rechazar que Vizcarra enfrente su apelación en libertad, el tribunal evita la percepción de “privilegios políticos” que a menudo rodea a estos casos. Para la opinión pública, ver a un expresidente que gozó de altísima popularidad sometido a las mismas reglas que cualquier otro condenado por corrupción, es un hito que marca un antes y un después en la narrativa judicial del país.
El incierto camino de la apelación
Con este rechazo, el equipo legal de Vizcarra deberá ahora concentrar sus esfuerzos en la apelación de fondo, donde intentarán desvirtuar las pruebas que lo vinculan con los pagos ilícitos de las constructoras. Sin embargo, el panorama es sombrío. La ratificación de la ejecución provisional de la condena sugiere que el tribunal superior no ve, a simple vista, errores procesales o fácticos tan graves que ameriten dejar al condenado en la calle.
Mientras tanto, en el plano político, el “Vizcarrismo” sigue desinflándose. Aquel movimiento que prometía renovar la política nacional hoy se ve reducido a la defensa legal de un líder que pasa sus días entre expedientes y chequeos médicos en una celda. La decisión de este 27 de enero reafirma que en el Perú de hoy, el poder del voto no es escudo contra el peso de la ley cuando de cohecho se trata.
La Amazonía ha perdido bosques y Vizcarra ha perdido su libertad. Ambos casos, el de los empresarios chinos y el del expresidente, se entrelazan en una misma narrativa de impunidad que el sistema de justicia peruano finalmente parece estar intentando cortar de raíz. Por ahora, el cerrojo en Barbadillo permanece echado y la llave la tiene únicamente la Sala que analizará el fondo de una gestión moqueguana que resultó ser mucho más cara para el país de lo que indicaban los presupuestos oficiales.