El presidente José Jerí declarará este viernes 30 de enero ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en el marco de la investigación preliminar abierta por sus reuniones con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. La diligencia se realizará en Palacio de Gobierno, en cumplimiento de las restricciones establecidas por el Tribunal Constitucional para los procesos que involucran a un jefe de Estado en funciones.
La comparecencia del mandatario fue dispuesta luego de la difusión de imágenes y registros que revelaron encuentros no consignados en la agenda oficial, incluyendo una reunión nocturna en un restaurante chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre. Según se informó, el fiscal acudirá personalmente a la sede presidencial para recoger la declaración del jefe de Estado.
Límites constitucionales a la investigación
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fijada en el precedente del caso Dina Boluarte, un presidente en ejercicio solo puede ser objeto de investigación preliminar durante su mandato. Esto implica severas limitaciones para la Fiscalía: no se pueden dictar medidas coercitivas ni formular acusaciones penales, y el fiscal solo puede tomar la declaración del mandatario hasta en dos oportunidades y en el lugar que este determine.
En ese marco, la diligencia prevista para este viernes tendrá un alcance estrictamente indagatorio y estará orientada a la preservación de pruebas, sin efectos judiciales inmediatos. Así lo han señalado especialistas en derecho constitucional, quienes advierten que el impacto de este tipo de investigaciones suele ser más político que penal en el corto plazo.
Opiniones desde el ámbito jurídico
La exministra de Justicia Delia Muñoz sostuvo que estas diligencias tienen un valor principalmente político. “La Fiscalía puede construir hipótesis, pero no puede hacerlas valer contra quien ejerce la presidencia”, afirmó. Añadió que corresponde al fiscal acudir a Palacio y actuar con respeto a la investidura presidencial, conforme al marco constitucional vigente.
Muñoz subrayó que las diligencias sirven, en términos prácticos, para asegurar elementos probatorios que podrían ser utilizados en el futuro, una vez concluido el mandato presidencial.
Empresarios citados como testigos
Además del presidente, la Fiscalía ha citado esta semana a los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes deberán declarar en calidad de testigos dentro de la misma investigación. Ambos han sido vinculados a reuniones con el mandatario fuera de la agenda oficial.
Ji Wu Xiaodong, además, cuenta con una orden de detención domiciliaria por un proceso vinculado a crimen organizado, mientras que Zhihua Yang ha sido cuestionado por presuntos nexos con concesiones estatales y actividades económicas bajo investigación. Sus testimonios serán claves para reconstruir el contexto y el contenido de los encuentros sostenidos con el jefe de Estado.
El caso ‘Chifagate’
La investigación, conocida mediáticamente como ‘Chifagate’, se originó tras la difusión de imágenes en las que se observa al presidente José Jerí ingresando con capucha a un restaurante en San Borja, donde sostuvo una reunión nocturna con los empresarios chinos. El hecho generó cuestionamientos sobre la transparencia de las actividades presidenciales y la ausencia de registros oficiales.
Inicialmente, Jerí sostuvo que el encuentro tenía como finalidad coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú-China. Posteriormente, afirmó que se trató de una invitación informal tras una jornada de trabajo, versión que ha sido puesta en duda por la falta de respaldo documental.
Congreso cita a ministros
En paralelo a la investigación fiscal, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. Ambos deberán responder sobre las reuniones del presidente con Zhihua Yang y sobre eventuales gestiones vinculadas a concesiones estatales.
Aunque la citación fue aprobada por unanimidad, aún no se ha definido la fecha de las comparecencias. La congresista Orúe Medina indicó que el cronograma será fijado en los próximos días.
Proyecto hidroeléctrico bajo la lupa
Uno de los puntos que concentrará la atención del Congreso es la concesión del proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, vinculado a una empresa relacionada con Zhihua Yang. La Comisión de Fiscalización busca esclarecer si existió algún tipo de intervención política o trato preferencial en dicho proceso administrativo.
Este proyecto ha sido mencionado como una de las posibles motivaciones detrás de los vínculos entre el mandatario y los empresarios chinos, lo que ha intensificado los cuestionamientos a la gestión presidencial.
Un escenario político en tensión
La declaración de José Jerí ante la Fiscalía se produce en un contexto de creciente presión política, con investigaciones abiertas, citaciones congresales y una opinión pública atenta a las explicaciones del Ejecutivo. Aunque las limitaciones constitucionales acotan el alcance jurídico del proceso, el costo político del caso continúa en ascenso.
La diligencia de este viernes marcará un nuevo hito en el desarrollo del ‘Chifagate’, mientras la Fiscalía y el Congreso avanzan en sus respectivas indagaciones para esclarecer la naturaleza de los encuentros presidenciales y sus eventuales implicancias.