El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional (PVN), informó sobre la situación administrativa, contractual y legal de tres proyectos viales estratégicos ubicados en Áncash, Pasco–Huánuco y Tacna, en medio de cuestionamientos por la firma de contratos con empresas de origen chino. La entidad precisó que ningún funcionario nombrado por la actual gestión participó en la suscripción de dichos contratos y que estos se realizaron por mandato judicial, actualmente impugnado.
El pronunciamiento oficial busca aclarar versiones que atribuyen a la administración vigente la responsabilidad por acuerdos contractuales cuya legalidad se encuentra bajo revisión, y subraya que el MTC ha activado mecanismos de control y transparencia para proteger los intereses del Estado.
Los proyectos viales bajo revisión
Según detalló el MTC, los contratos observados corresponden a tres iniciativas de alto impacto social y territorial:
- Corredor Vial Molinopampa – Huari – San Luis – PE-14B (Áncash)
- Carretera DV. Cerro de Pasco – Tingo María, Tramo I: DV. Cerro de Pasco – San Rafael (Pasco–Huánuco)
- Carretera Boca del Río (Tacna)
En los tres casos, los contratos de obra fueron suscritos por orden judicial, resoluciones que han sido impugnadas por la Procuraduría Pública del MTC en defensa del interés del Estado. El sector indicó, además, que los magistrados que emitieron dichas órdenes han sido puestos en conocimiento de los órganos de control del Poder Judicial, en estricto respeto al principio de legalidad y a la separación de poderes.
Quiénes firmaron los contratos
El MTC precisó que todas las firmas fueron realizadas por el Jefe de la Oficina General de Administración (OGA) de Provías Nacional, designado por el entonces Director Ejecutivo; ambos funcionarios de confianza de la gestión anterior. Estas designaciones se formalizaron mediante la Resolución Directoral N.° 785-2025-MTC/20 (22 de agosto de 2025) y la Resolución Ministerial N.° 563-2025-MTC/01 (15 de agosto de 2025), respectivamente.
Con ello, el ministerio fue enfático: ningún funcionario designado por la actual gestión del MTC ha suscrito contrato alguno con empresas de origen chino. La aclaración busca despejar dudas sobre la participación de la administración vigente en decisiones contractuales adoptadas antes de su nombramiento.
Impugnaciones y defensa del Estado
La Procuraduría Pública del MTC mantiene impugnadas las órdenes judiciales que dispusieron la firma de los contratos, al considerar que podrían afectar los intereses del Estado. El ministerio sostiene que esta vía legal es clave para revisar la validez y alcances de los acuerdos, sin detener la evaluación técnica y administrativa que garantice la continuidad responsable de las obras.
El MTC reiteró que actuará dentro del marco del Estado de derecho, promoviendo el control preventivo y la transparencia activa, sin interferir con la autonomía de los órganos jurisdiccionales.
Acciones de control y transparencia
Como parte de una política de gobernanza responsable, el 31 de octubre de 2025, el ministro Aldo Prieto Barrera solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control sobre diversos contratos de obras. El pedido puso especial énfasis en el Mejoramiento de la Carretera Boca del Río–Tacna, en los distritos de Tacna, Sama y La Yarada Los Palos, con el objetivo de identificar hechos y adoptar medidas que aseguren la continuidad del proyecto y el logro de sus objetivos de inversión pública.
De manera complementaria, el Viceministerio de Transportes, mediante el Memorando Múltiple N.° 74-2025-MTC/02 (6 de noviembre de 2025), dispuso que la nueva Directora Ejecutiva de Provías Nacional —designada por la Resolución Ministerial N.° 764-2025-MTC/01 (27 de octubre de 2025)— adopte acciones correctivas inmediatas respecto de los tres contratos firmados por disposición judicial, garantizando continuidad, eficiencia y transparencia.
Continuidad de obras y desarrollo territorial
El MTC subrayó que los proyectos en cuestión son estratégicos para el desarrollo territorial y la integración regional, por lo que la prioridad es asegurar su ejecución bajo estándares de legalidad y eficiencia. La entidad remarcó que el control y la revisión legal no buscan paralizar obras, sino ordenar los procesos y proteger los recursos públicos.
En ese sentido, el ministerio indicó que seguirá coordinando con los entes de control y las instancias correspondientes para evitar riesgos legales y financieros, y asegurar que las inversiones públicas cumplan su finalidad social.
Mensaje institucional
Finalmente, el MTC reafirmó su compromiso con la transparencia, la defensa de los intereses del Estado, el respeto al Estado de derecho y la continuidad responsable de las obras públicas. El sector sostuvo que continuará informando a la ciudadanía sobre la evolución de estos procesos y las decisiones que se adopten en el marco de la legalidad.