El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), liderado por Walter Martínez Laura, anunció acciones de coordinación interinstitucional tras la presentación del Informe Defensorial n.° 226-2026-DP, elaborado por la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana y la Lucha contra las Drogas de la Defensoría del Pueblo. El documento evalúa las condiciones de las comisarías básicas a nivel nacional, señalando áreas críticas en infraestructura, atención y procedimientos policiales.
Comisarías: diagnóstico y alertas
El informe ofrece un mapeo detallado de la situación de las comisarías hasta el 2024, destacando que muchas unidades presentan deficiencias que afectan la atención ciudadana y la prevención del delito. Según Martínez Laura, contar con diagnósticos precisos es indispensable para implementar políticas efectivas: “Es necesario medir para poder mejorar”, afirmó, resaltando la importancia de actualizar protocolos y directivas policiales.
Pese al reconocimiento de la labor de la Defensoría del Pueblo, la crítica apunta a que el MINJUSDH y la Policía Nacional aún enfrentan un retraso en la modernización de procesos y en la capacitación del personal, lo que limita la eficacia de la primera línea de atención ciudadana.
Coordinación interinstitucional y protocolo de control de identidad
Martínez Laura indicó que el Ministerio de Justicia articulará esfuerzos con el Ministerio del Interior y la propia PNP para fortalecer las capacidades institucionales. Entre las acciones anunciadas destaca la elaboración de un protocolo de actuación interinstitucional sobre control de identidad policial, en línea con las recomendaciones del informe defensorial. Este protocolo busca garantizar procedimientos uniformes y evitar irregularidades en la atención a la ciudadanía.
No obstante, especialistas en seguridad advierten que los protocolos por sí solos no resolverán los problemas estructurales: infraestructura insuficiente, déficit de personal y falta de recursos continúan siendo retos que requieren decisiones de política pública más profundas.
Hacia una mejora sostenida de la seguridad ciudadana
El ministro enfatizó que este esfuerzo forma parte de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y de la búsqueda de una gestión más técnica y transparente en las comisarías. La medida se plantea como un paso hacia la institucionalización de buenas prácticas y la mejora continua en la prevención del delito.
El informe defensorial, con supervisión realizada por las oficinas desconcentradas de la Defensoría del Pueblo, evidencia que la mejora de la seguridad ciudadana depende tanto de la actualización normativa como de la inversión en infraestructura, tecnología y capacitación. La expectativa es que estas acciones permitan atender de manera más efectiva a la población y fortalecer la confianza en las instituciones policiales.