El Gobierno declaró oficialmente al 2026 como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”, una denominación que deberá figurar en todos los documentos oficiales del Estado a lo largo del próximo año. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 011-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el viernes 23 de enero, y se enmarca en el proceso de transición democrática anunciado por el Ejecutivo.
La norma establece, además, que el Ministerio de Cultura será el encargado de disponer la traducción oficial de la denominación del año a las lenguas indígenas u originarias, para su uso en aquellas regiones donde estas predominen, conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú. Con ello, el Ejecutivo busca dar un alcance intercultural a una consigna que apunta a reforzar los valores democráticos en todo el territorio nacional.
Un mensaje político en un año clave
La declaratoria del 2026 no es solo simbólica. El decreto subraya que el ejercicio democrático de las instituciones del Estado permite la formulación e implementación de políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales orientadas al desarrollo y bienestar de la población. En ese sentido, el Ejecutivo vincula directamente esta denominación anual con la Política General de Gobierno 2025-2026, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 141-2025-PCM.
Dicha política fija como uno de sus pilares centrales la “Transición Democrática y Reconciliación Nacional”, reconociendo el complejo contexto político e institucional que atraviesa el país. Dentro de este marco, el Eje 3 de la política gubernamental apunta explícitamente a garantizar una transición democrática ordenada y fortalecer la institucionalidad.
Elecciones, prensa y organismos electorales
Entre los principales lineamientos del Eje 3, el decreto recuerda el compromiso del Gobierno de promover las condiciones necesarias para la realización de elecciones generales, uno de los hitos más sensibles del 2026. Asimismo, se reafirma el deber del Estado de respetar la libertad de prensa, así como la autonomía e institucionalidad de los organismos electorales, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
El documento también destaca la necesidad de avanzar hacia un Estado moderno, predecible y confiable, capaz de ofrecer reglas claras y políticas públicas basadas en evidencia. En ese sentido, la denominación del año busca reforzar un mensaje de estabilidad institucional en medio de un escenario político aún fragmentado.
Rendición de cuentas y lucha contra la corrupción
Otro de los ejes destacados en la declaratoria del 2026 es el compromiso con la rendición de cuentas al término del mandato presidencial, bajo criterios de transparencia. El decreto remarca que este proceso es clave para fortalecer la confianza ciudadana y cerrar el ciclo gubernamental con estándares democráticos.
Además, se enfatiza la necesidad de fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado. Este punto adquiere relevancia en un país donde los escándalos de corrupción han erosionado la credibilidad del sistema político y han generado una creciente demanda social por reformas estructurales.
Diálogo y concertación como ejes democráticos
El Ejecutivo también plantea como prioridad la mejora de la concertación y los espacios de diálogo entre los poderes del Estado, el sector privado, los actores políticos y la ciudadanía. Según el decreto, el fortalecimiento democrático no puede entenderse sin mecanismos efectivos de diálogo que permitan canalizar conflictos y construir consensos mínimos.
En esa línea, la declaratoria del 2026 busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la democracia, la institucionalidad y su defensa, no solo como principios abstractos, sino como herramientas concretas para alcanzar el bienestar general y la estabilidad política.
Una consigna con carga institucional
El texto legal concluye señalando que, ante la necesidad de seguir promoviendo la estabilidad institucional y el Estado constitucional de derecho, resulta prioritario reafirmar el compromiso democrático de la Nación. Por ello, el Gobierno considera necesario que el 2026 sea identificado oficialmente como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”, una consigna que acompañará a la gestión pública en un periodo decisivo.
Más allá del simbolismo, la denominación del año se presenta como un mensaje político en un momento clave, marcado por el cierre de un ciclo gubernamental, la preparación de elecciones generales y la expectativa ciudadana de que la democracia se traduzca en instituciones más sólidas y confiables.