La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica ejecutó un amplio operativo que incluyó el allanamiento simultáneo de siete oficinas de la Municipalidad Distrital de Sunampe y otros 16 inmuebles en las provincias de Chincha, Nasca, Pisco y Lima. La medida se enmarca en la investigación contra la presunta organización criminal conocida como “Los cuellos blancos de Sunampe”, que habría cometido delitos de colusión, negociación incompatible y organización criminal.
Detención del alcalde y principales funcionarios
El operativo permitió la detención preliminar judicial del alcalde de Sunampe, Jesús Rojas, junto a otras 13 personas vinculadas a la gestión municipal. Entre los detenidos destacan altos funcionarios del municipio como José Castilla, gerente municipal; Oscar Cornejo, gerente de Desarrollo Urbano; Pamela Lliuya, subgerente de Obras Públicas; y María Torres, subgerente de Logística.
También fueron capturados miembros de los comités de selección de obras, Diana Mendiguiete, José Salvador y Kristopher Luján, así como la consultora externa Diana Tasayco y empresarios presuntamente involucrados: Boris Andia, Emerson Lévano y Carlos Castilla. Completan la lista Wilber Tasayco, personal de confianza del alcalde, y Nelly Anchante, quien habría coordinado las comunicaciones telefónicas de la organización criminal.
Investigación sobre direccionamiento de obras
De acuerdo con el fiscal adjunto provincial Ted Ludwin Martínez Torrico, los detenidos habrían manipulado procesos de contratación de obras públicas favoreciendo a cuatro empresas constructoras a cambio de pagos y beneficios económicos destinados a financiar campañas electorales, asegurando así la permanencia en el poder del alcalde y sus funcionarios.
Se estima que estas irregularidades habrían generado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente S/ 25 millones, afectando la ejecución transparente de proyectos municipales en beneficio de la población.
Incautaciones clave para la investigación
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron un vehículo, más de S/ 16 000 en efectivo, seis tarjetas de crédito y 15 teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a pericias tecnológicas y financieras para identificar los vínculos de la presunta organización y la ruta del dinero ilícito.
El fiscal Martínez Torrico destacó que la investigación sigue en curso y que los dispositivos electrónicos serán clave para corroborar la participación de los implicados y determinar la extensión del esquema de corrupción.
Coordinación interinstitucional
La diligencia contó con la participación de 24 fiscales especializados en corrupción, además del apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Lima e Ica, la Dirección General de Inteligencias (Digimin), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y la Unidad de Servicios Especiales (USE).
Esta coordinación permitió un operativo rápido, eficiente y simultáneo, evitando que los implicados destruyeran evidencias o alteraran documentos relevantes para la investigación.
Repercusiones y próximos pasos
El caso ha generado alerta en la ciudadanía y los sectores políticos locales, ante la magnitud del presunto direccionamiento de obras públicas y la existencia de un esquema sistemático de corrupción. La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones, citaciones y pericias, incluyendo la revisión de contratos, pagos y comunicaciones entre los implicados.
Asimismo, se evaluará la posible extensión de las investigaciones hacia otros actores políticos y empresarios que podrían haber participado en la red de corrupción, garantizando que se cumpla el principio de legalidad y la sanción correspondiente según el Código Penal peruano.
Importancia del control y transparencia
El caso de Sunampe pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en los municipios, promover la transparencia en la gestión de obras públicas y asegurar que los recursos destinados a la infraestructura lleguen efectivamente a la población.
El Ministerio Público subrayó que no se tolerará el uso de contratos y fondos públicos con fines electorales, y que continuará impulsando acciones preventivas y correctivas para proteger la administración pública y el interés del Estado.