El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia de alto impacto institucional al determinar que el juez Richard Concepción Carhuancho incurrió en una inconducta funcional al vulnerar derechos fundamentales del abogado Mateo Castañeda Segovia, investigado en el caso conocido como Los Waykis en la Sombra. Como consecuencia, el máximo intérprete de la Constitución dispuso remitir lo actuado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que evalúe la conducta del magistrado.
El pronunciamiento del TC se produce tras un proceso de amparo presentado por la defensa de Castañeda, quien permaneció privado de su libertad sin posibilidad de impugnar oportunamente la medida que ordenó su encarcelamiento. Para el colegiado constitucional, la actuación judicial excedió los márgenes de razonabilidad y afectó directamente el ejercicio del derecho a la defensa y a la doble instancia.
El origen del caso Mateo Castañeda
El proceso se remonta al 22 de noviembre de 2024, cuando el juez Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 24 meses contra Mateo Castañeda Segovia. El investigado es abogado y fue defensor legal de la presidenta Dina Boluarte. En el marco del caso Los Waykis en la Sombra, el Ministerio Público lo vinculó a una presunta organización criminal que habría sido liderada por Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, por presuntos delitos de tráfico de influencias.
Si bien la normativa procesal establece un plazo de tres días para interponer un recurso de apelación contra una medida de prisión preventiva, la defensa denunció que el juzgado demoró injustificadamente la notificación oficial de la resolución.
Demoras que afectaron la libertad personal
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, la defensa fue informada de que la resolución sería entregada recién tras culminar la transcripción íntegra de la audiencia. Esta situación generó que Mateo Castañeda permaneciera detenido durante 22 días adicionales, sin la posibilidad de cuestionar la decisión ante una segunda instancia.
El juez Richard Concepción Carhuancho justificó una parte de la demora —alrededor de 12 días— alegando una excesiva carga procesal en su despacho. Sin embargo, el TC fue enfático al señalar que la sobrecarga administrativa no constituye una justificación válida para restringir derechos fundamentales, especialmente cuando está en juego la libertad personal.
Vulneración al derecho a la doble instancia
En su resolución, el TC sostuvo que la demora en la notificación careció de razonabilidad y proporcionalidad, al impedir que el investigado accediera oportunamente a una revisión judicial de la medida de prisión preventiva. Fue recién el 16 de diciembre de 2024 cuando el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concedió finalmente la apelación.
Para el máximo órgano constitucional, esta conducta obstruyó el acceso a la segunda instancia, un componente esencial del debido proceso. El colegiado precisó que impedir o retrasar injustificadamente el derecho a impugnar una decisión judicial constituye una afectación grave a las garantías procesales.
Comportamiento reiterado del magistrado
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que el Tribunal Constitucional advierte que este tipo de conducta no sería aislada. En ese sentido, el fallo sugiere que el comportamiento atribuido a Concepción Carhuancho podría responder a un patrón reiterado en el ejercicio de sus funciones como juez de investigación preparatoria.
Por esta razón, el TC ordenó remitir copia de la sentencia a la Junta Nacional de Justicia, entidad encargada de evaluar y sancionar la conducta de jueces y fiscales. Corresponderá ahora a la JNJ determinar si existen méritos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario.
Posibles sanciones en la JNJ
Especialistas en derecho constitucional y procesal penal señalan que las acciones de la JNJ podrían derivar en sanciones que van desde una suspensión temporal hasta una eventual destitución, dependiendo de la gravedad de los hechos y de los antecedentes funcionales del magistrado.
La Constitución Política del Perú establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin una resolución debidamente motivada y sin la posibilidad de cuestionarla conforme a ley. En ese marco, impedir que un ciudadano impugne una medida de encarcelamiento es considerado una falta grave en la administración de justicia.
Anulación de la investigación contra Castañeda
A este escenario se suma un hecho adicional de relevancia. El Tribunal Constitucional también emitió una sentencia que anula la investigación seguida contra Mateo Castañeda, la cual estaba a cargo del fiscal Carlos Ordaya, integrante del equipo especial Eficcop, liderado por Marita Barreto.
El TC concluyó que en dicho proceso también se vulneraron garantías fundamentales, reforzando la necesidad de que las actuaciones fiscales y judiciales se ajusten estrictamente a los principios del debido proceso, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Un precedente para el sistema judicial
Con este fallo, el Tribunal Constitucional marca un precedente relevante sobre los límites en la actuación de los jueces de investigación preparatoria. La sentencia subraya que la eficiencia procesal no puede alcanzarse a costa de sacrificar derechos esenciales, como la libertad personal y el derecho a la defensa.
La decisión no solo tendrá implicancias en el futuro del juez Richard Concepción Carhuancho, sino que también envía un mensaje claro al sistema de justicia sobre la necesidad de actuar con diligencia, razonabilidad y respeto irrestricto a la Constitución.