Controles de acceso en cuestión
Las explicaciones del premier Ernesto Álvarez sobre el ingreso del empresario chino Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno han abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la sede del Ejecutivo. El caso se produce en medio de la controversia política que rodea al presidente José Jerí, tras revelarse reuniones no oficiales con empresarios extranjeros.
En declaraciones al programa Ahora y en la Hora, Álvarez afirmó que el sistema de control de accesos en Palacio solo revisa si una persona tiene requisitoria vigente, mas no si registra antecedentes policiales, sentencias o medidas restrictivas como el arresto domiciliario. “Se revisan a los requisitoriados, no condenados”, sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial, admitiendo así una limitación estructural en los filtros de seguridad.
Arresto domiciliario sin registro activo
Uno de los puntos más sensibles del caso es que Ji Wu Xiaodong cuenta con una orden de arresto domiciliario, medida que, según el propio premier, no figura aún en el sistema oficial. “Su trámite no ha sido procesado hasta el día de hoy”, explicó Álvarez, añadiendo que incluso si existiera interoperabilidad entre las bases de datos del Estado —algo que reconoció no ocurre—, no se habría generado ninguna alerta.
Esta situación ha encendido las alarmas sobre la eficiencia del registro judicial y la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo. La ausencia de información actualizada permitió que el empresario accediera sin restricciones a la denominada Casa de Pizarro, acompañado de Zhihua Yang, señalado como amigo cercano del presidente.
Reunión en Palacio y versión oficial
Consultado sobre el contenido de la reunión, el premier descartó cualquier negociación irregular. Según su versión, el encuentro giró en torno a la organización de un evento por el Año Nuevo Chino, actividad de carácter cultural y empresarial. “Es un grupo que llega, se reúne y habla del mismo macroevento”, declaró Álvarez, intentando bajar el tono político al episodio.
Sin embargo, la explicación no ha disipado las dudas. Para diversos analistas, el problema no radica únicamente en el tema abordado durante la reunión, sino en quiénes ingresan a Palacio y bajo qué criterios. El hecho de que un empresario con medidas judiciales restrictivas pueda acceder a la sede del Ejecutivo expone una vulnerabilidad institucional con implicancias políticas y de seguridad.
Críticas al sistema de seguridad presidencial
El propio jefe del Gabinete reconoció su sorpresa al conocer el funcionamiento de los controles internos. Al señalar que solo se verifica la condición de requisitoriado, Álvarez dejó entrever que no existe un cruce integral de información judicial, una falencia que contrasta con los estándares de seguridad esperados en la principal sede del poder político del país.
Especialistas en seguridad y derecho constitucional advierten que esta limitación podría repetirse con otros visitantes, lo que plantea un riesgo no solo político, sino también institucional. En un contexto marcado por investigaciones fiscales y alta polarización, la falta de filtros adecuados puede agravar la percepción de improvisación en el manejo del Estado.
Impacto político para el Ejecutivo
El episodio se suma a una cadena de controversias que han puesto bajo presión al gobierno de José Jerí. Aunque el premier ha insistido en que no hubo irregularidad legal en el ingreso de los empresarios, la explicación técnica no ha logrado cerrar el debate público.
Desde el Congreso y la opinión pública se ha empezado a exigir una revisión inmediata de los protocolos de acceso a Palacio, así como una mayor interoperabilidad entre las entidades del sistema de justicia. La Comisión de Fiscalización ya evalúa solicitar información detallada sobre los registros de visitas y los mecanismos de control utilizados.
Transparencia y controles pendientes
El caso Ji Wu Xiaodong revela una debilidad estructural más amplia: la fragmentación de la información estatal. Mientras el Ejecutivo defiende que actuó conforme a los procedimientos vigentes, la pregunta de fondo es si dichos procedimientos son suficientes para garantizar transparencia, seguridad y control en la sede del Gobierno.
Por ahora, el Ejecutivo apuesta por explicar el episodio como una falla administrativa ajena a cualquier intención política. No obstante, el ingreso de un empresario con arresto domiciliario a Palacio de Gobierno ya ha dejado instalada una discusión que trasciende el caso puntual y apunta a la necesidad urgente de reformar los sistemas de verificación del Estado.