Tragedia en la Panamericana Sur
La madrugada del 15 de enero, un trágico accidente en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur dejó un saldo de dos trabajadores fallecidos y más de ocho heridos. Los afectados pertenecían a Emape, empresa municipal que asumió control de los peajes tras absorber al personal de Rutas de Lima.
El accidente ocurrió cuando un tráiler impactó a los vehículos de la empresa, mientras los trabajadores realizaban labores de limpieza. Las víctimas fueron identificadas como Wilfredo Rosales (50) y Jessica Colachagua (32). Ante el hecho, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su solidaridad con las familias y declaró duelo municipal, cancelando las celebraciones por el aniversario de Lima.
Informalidad laboral y omisiones de seguridad
Investigaciones periodísticas, como la realizada por el dominical Punto Final, revelaron que ninguna de las dos víctimas contaba con contrato formal ni órdenes de servicio firmadas, pese a estar bajo la administración de la empresa municipal.
La pareja de Jessica Colachagua explicó que su empleo era completamente informal: “Ella era, en pocas palabras: día trabajado, día pagado. No tenía ni un contrato, porque no estaba segura en ninguna entidad”. Además, se conoció que los trabajadores debían costear su propio seguro, exponiéndolos a riesgos sin protección legal ni cobertura adecuada.
En total, más de 200 trabajadores que pasaron de Rutas de Lima a Emape se encontrarían en situaciones similares, lo que evidencia deficiencias en la formalización laboral y en la gestión de seguridad de la Municipalidad de Lima.
Responsabilidad institucional y cuestionamientos
El accidente ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de trabajo en empresas municipales y la supervisión de seguridad laboral. Expertos señalan que la falta de contratos y seguros viola derechos laborales básicos y deja a los empleados expuestos a tragedias que podrían prevenirse con protocolos claros y responsabilidad institucional.
La tragedia también abre el debate sobre la incorporación de personal de empresas concesionarias a entidades públicas, y la urgencia de garantizar protección laboral, seguros y protocolos de seguridad, especialmente en labores de alto riesgo como limpieza y mantenimiento de carreteras.