La moción de censura contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, comienza a tomar forma en el Parlamento, aunque todavía está lejos de alcanzar el respaldo necesario para ser debatida en el Pleno. Hasta el momento, la iniciativa cuenta con ocho firmas: Jaime Quito, Ruth Luque, Elías Varas, Susel Paredes, Sigrid Bazán, Flor Pablo Medina, Silvana Robles y Alex Flórez.
La propuesta fue impulsada principalmente por legisladores de bancadas de izquierda y centro, quienes acusan a Rospigliosi de haber incurrido en una presunta injerencia indebida en el Poder Judicial, particularmente en relación con el caso Cayara, uno de los procesos más sensibles vinculados a violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
El caso Cayara y la acusación de injerencia
El eje central de la moción gira en torno a declaraciones públicas de Rospigliosi sobre los magistrados que ven el caso Cayara, investigación por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Ayacucho en 1988. Según los promotores de la censura, el titular del Legislativo habría mencionado a jueces por su nombre, cuestionado su trayectoria y sugerido que podrían ser sancionados si no aplicaban una controvertida ley relacionada con delitos de lesa humanidad.
Para los firmantes, estas expresiones constituyen una vulneración del principio de independencia judicial y una presión política inadmisible desde la Presidencia del Congreso. En la moción se sostiene que ningún poder del Estado puede condicionar o intimidar a los jueces en el ejercicio de sus funciones, menos aún en procesos de alta sensibilidad histórica y social.
Separación de poderes bajo tensión
El caso ha reactivado un debate recurrente en la política peruana: ¿hasta dónde llega la libertad de opinión de un presidente del Congreso y cuándo se convierte en injerencia?. Desde sectores críticos, se advierte que las declaraciones de Rospigliosi no solo comprometen su rol institucional, sino que envían un mensaje intimidatorio al sistema de justicia.
Otros analistas, sin embargo, consideran que la censura podría estar siendo utilizada como un instrumento de confrontación política, en un contexto de permanente tensión entre el Legislativo, el Judicial y sectores que mantienen posturas opuestas sobre los procesos por violaciones a los derechos humanos.
Firmas insuficientes y futuro incierto
Pese al ruido político, la moción aún enfrenta un obstáculo clave: no alcanza el mínimo de 22 firmas necesarias para ser presentada formalmente y admitida a debate en el Pleno del Congreso. Esto abre dudas sobre su viabilidad real y deja el proceso, por ahora, en una fase preliminar.
En el Parlamento, algunos congresistas han señalado que, de existir responsabilidades, estas deberían evaluarse en instancias administrativas o judiciales, y no necesariamente mediante una censura política. Otros recuerdan que no es la primera vez que Rospigliosi enfrenta iniciativas similares, lo que refuerza la percepción de que se ha convertido en un blanco recurrente de este tipo de acciones.
Un antecedente que marca la agenda
Más allá de su desenlace, la moción vuelve a poner en agenda la discusión sobre los límites del poder político, la independencia de los jueces y el uso del mecanismo de censura como herramienta de control parlamentario. En un escenario de alta polarización, el caso Rospigliosi se suma a una larga lista de episodios donde el equilibrio entre poderes vuelve a ser puesto a prueba.
Por ahora, la censura avanza lentamente, pero el debate ya está instalado en el centro de la escena política.
