Paro de 72 horas en defensa de Petroperú
Desde hoy lunes 19 de enero, los trabajadores de Petroperú acatan un paro nacional de 72 horas en rechazo al Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que, de acuerdo con los gremios sindicales, encamina un proceso de privatización progresiva de la empresa estatal. La medida de fuerza, convocada por la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, se extenderá hasta el miércoles 21 de enero y alcanza a aproximadamente 2.600 trabajadores en todo el país.
La protesta se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores de la petrolera estatal, luego de que el propio Gobierno reconociera que Petroperú estuvo “al borde de la insolvencia” y anunciara cambios estructurales en su modelo de gestión. Para los sindicatos, sin embargo, estas decisiones comprometen la soberanía energética del país y ponen en riesgo el control estatal sobre activos estratégicos.
Rechazo al Decreto de Urgencia 010-2025
El eje central del paro es el rechazo al D.U. 010-2025, que autoriza mecanismos de participación privada en la gestión de Petroperú. Según los trabajadores, la norma no solo debilita el rol de la empresa estatal en el mercado de combustibles, sino que sienta las bases para su privatización encubierta.
Pablo Tello, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), advirtió que el impacto de estas medidas no será inmediato, pero sí progresivo. “No solo están en juego los puestos de trabajo. Está en riesgo Petroperú y la economía del país a corto, mediano y largo plazo”, señaló.
Los gremios sostienen que reducir la participación de Petroperú en el mercado afectará la capacidad del Estado para regular los precios de los combustibles, con efectos directos sobre el costo de vida y la competitividad de sectores productivos clave.
Talara, el activo estratégico en disputa
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la Refinería de Talara, considerada el principal activo industrial de Petroperú. De acuerdo con anuncios de ProInversión, este complejo sería el primer “bloque patrimonial” en ser entregado a gestión privada, a través de mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP) o contratos de gerencia privada.
Los sindicatos rechazan esta posibilidad y cuestionan la rapidez del cronograma planteado por el Ejecutivo, que buscaría avanzar con el proceso antes del cambio de gobierno. “Hacer rápido no es sinónimo de hacer bien cuando se trata del principal activo industrial del país”, advirtieron representantes sindicales, quienes exigen estudios técnicos verificables, transparencia y una gobernanza sólida.
Autoridades locales se suman a las protestas
Las protestas no se limitan al ámbito sindical. Autoridades locales de la provincia de Talara también han expresado su rechazo a cualquier intento de privatización. El alcalde provincial, Sigifredo Juan Zárate Vite, junto a los burgomaestres de Máncora, Los Órganos, El Alto y La Brea–Negritos, anunciaron que evaluarán la convocatoria a un paro provincial en defensa de la petrolera estatal.
“Nuestro compromiso es mantener la independencia energética del Perú, que la energía del país se mantenga en manos de los peruanos”, afirmó Zárate, al remarcar el impacto que tendría la cesión de Talara en la economía regional y nacional.
Movilizaciones y respaldo sindical
Como parte del paro, los sindicatos anunciaron una movilización nacional para el martes 20 de enero, con una concentración en la Plaza Dos de Mayo, en Lima. La protesta contará con el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ampliando el alcance político y social de la medida.
Los dirigentes sindicales advierten que la protesta podría escalar si el Ejecutivo no abre un espacio de diálogo real y transparente sobre el futuro de Petroperú y el rol del Estado en el sector energético.
Debate por el mercado de combustibles
Otro punto de fricción es la participación de Petroperú en el mercado nacional. Mientras ProInversión sostiene que la empresa estatal tiene apenas el 10% del mercado, los sindicatos afirman que su participación real oscila entre el 25% y 30%, y que en regiones como Ucayali y Loreto alcanza el 100%.
“Con una cuota superior al 25% ya puedes ser un referenciador de precios. No necesitas todo el mercado”, explicó Tello, al cuestionar las cifras oficiales difundidas por el Gobierno. Desde esta perspectiva, una reducción del rol de Petroperú implicaría un debilitamiento del control estatal sobre los precios de los combustibles.
Un conflicto con impacto político y económico
El paro nacional de Petroperú no solo pone en evidencia el conflicto laboral, sino que abre un debate de fondo sobre el modelo energético del país, el rol de las empresas estatales y la participación del sector privado en áreas estratégicas. En un escenario de transición política, la disputa por Talara y por el futuro de Petroperú se perfila como uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen la medida de fuerza y el Ejecutivo enfrenta la presión de sectores sindicales, autoridades locales y parte de la opinión pública, en un conflicto que trasciende lo laboral y se instala en el centro del debate económico y político del país.