El Congreso de la República ha abierto un nuevo frente de controversia al presentar un proyecto de ley que busca restringir la participación de jueces provisionales en procesos judiciales que involucren a políticos y altas autoridades del Estado. La iniciativa, impulsada por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), plantea que solo magistrados titulares —con nombramiento definitivo— puedan resolver este tipo de casos, bajo el argumento de fortalecer la independencia judicial y evitar presiones externas.
Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación en sectores del sistema de justicia y la sociedad civil, que advierten riesgos de paralización de procesos sensibles, debilitamiento del control al poder político y posibles efectos prácticos contrarios a los objetivos declarados.
Qué propone el proyecto de ley
El proyecto establece que los jueces provisionales y supernumerarios no podrán conocer, tramitar ni resolver procesos penales, constitucionales o administrativos en los que estén involucrados funcionarios públicos, autoridades electas o actores políticos de relevancia nacional o regional.
Según la exposición de motivos, la medida busca garantizar que los casos de alto impacto político sean resueltos únicamente por jueces con estabilidad plena, independencia funcional y protección frente a eventuales represalias.
El texto sostiene que la alta proporción de jueces provisionales en el país representa una debilidad estructural del sistema judicial, ya que estos magistrados, al no contar con nombramiento definitivo, podrían ser más vulnerables a presiones políticas, administrativas o mediáticas.
Un sistema judicial con mayoría provisional
De acuerdo con datos citados en el propio proyecto, más del 50 % de los jueces en el Perú ejercen funciones en condición provisional o supernumeraria. Esta realidad responde a un déficit histórico de jueces titulares, a la lentitud de los concursos de nombramiento y a la alta rotación en determinadas cortes.
En ese contexto, limitar la actuación de jueces provisionales en procesos contra autoridades reduciría de manera significativa el universo de magistrados habilitados para conocer casos de corrupción, abuso de poder, delitos funcionales o infracciones constitucionales.
Especialistas advierten que, lejos de fortalecer la justicia, esta restricción podría generar cuellos de botella, retrasos procesales y acumulación de expedientes en manos de pocos jueces titulares.
Sanciones y falta muy grave
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es que plantea tipificar como falta muy grave la intervención de un juez provisional en un proceso político o de autoridades, estableciendo como sanción la destitución.
Este aspecto ha sido cuestionado por magistrados y juristas, quienes señalan que la medida podría generar un clima de temor y autocensura dentro del Poder Judicial, afectando la autonomía de los jueces y su capacidad para actuar con independencia.
Para los críticos, sancionar con destitución una actuación que, en muchos casos, responde a la propia organización interna del sistema judicial, resulta desproporcionado y podría vulnerar principios constitucionales.
Independencia judicial o control político
Aunque el proyecto se presenta como una iniciativa para reforzar la independencia judicial, sus detractores sostienen que el efecto práctico podría ser el inverso. Al reducir el número de jueces habilitados para conocer casos sensibles, el poder político podría terminar concentrando indirectamente el control sobre quién juzga a las autoridades.
Además, advierten que, en un escenario donde los jueces titulares son minoría y enfrentan una alta carga procesal, la exclusión de jueces provisionales podría ralentizar investigaciones clave y favorecer la impunidad.
Desde esta perspectiva, la propuesta se interpreta como parte de una tendencia más amplia del Congreso a redefinir las reglas del sistema de justicia en momentos en que varios procesos por corrupción y delitos de poder involucran a actores políticos.
El debate constitucional
El proyecto cita principios como la inamovilidad judicial y recomendaciones internacionales sobre la estabilidad de los magistrados. No obstante, constitucionalistas recuerdan que la provisionalidad no anula la función jurisdiccional ni la independencia del juez, siempre que actúe conforme a la ley y bajo control disciplinario.
Asimismo, señalan que la Constitución no establece una distinción de competencias basada en la condición de titular o provisional del magistrado, por lo que una restricción de este tipo podría ser cuestionada por inconstitucional.
El debate, por tanto, no se limita a un problema administrativo, sino que toca el corazón del equilibrio entre poderes y el rol del Poder Judicial como contrapeso democrático.
Un contexto político sensible
La iniciativa se presenta en un escenario marcado por alta polarización política, desconfianza ciudadana en las instituciones y múltiples procesos judiciales que involucran a autoridades actuales y pasadas.
Para sectores críticos, la propuesta se suma a otras iniciativas legislativas que buscan modificar las reglas del juego judicial, generando la percepción de un intento de blindaje político frente a investigaciones incómodas.
Desde el Congreso, en cambio, se insiste en que la medida apunta a fortalecer la legitimidad de las decisiones judiciales y garantizar que los fallos en casos de alto impacto no estén sujetos a cuestionamientos por falta de estabilidad del juez.
Lo que está en juego
Más allá del debate técnico, la discusión revela una pregunta central: quién debe juzgar al poder y bajo qué condiciones. Limitar la participación de jueces provisionales puede parecer una medida de orden institucional, pero sus efectos prácticos podrían redefinir el ritmo, alcance y eficacia de la justicia frente a las autoridades.
En un país con profundas brechas institucionales, cualquier reforma al sistema judicial tiene implicancias directas sobre la lucha contra la corrupción, la confianza ciudadana y la vigencia del Estado de derecho.
El proyecto aún deberá pasar por comisiones y debate en el Pleno, pero desde ya ha encendido una alerta sobre el delicado equilibrio entre independencia judicial y control político.