En un golpe estratégico contra el crimen organizado que opera desde las cárceles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desarticuló una infraestructura ilegal de telecomunicaciones ubicada en las inmediaciones del penal Sarita Colonia, en el Callao. La intervención tuvo como objetivo principal neutralizar las señales de internet y telefonía que eran desviadas hacia el interior del recinto para facilitar actos delictivos, principalmente extorsiones contra el sector transporte.
El operativo, encabezado por el ministro Aldo Prieto Barrera y el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, contó con el apoyo de la Policía Nacional. Durante la inspección, las autoridades hallaron antenas configuradas para evadir los bloqueadores del penal, así como enrutadores, amplificadores y encaminadores de señal. Según detalló el titular del sector, estos equipos permitían que los internos mantuvieran comunicación con el exterior para coordinar atentados y cobros de cupos.
Bloqueo de comunicaciones y balance
“Esta acción frena cualquier intento de comunicación de los internos y evita que cometan actos delictivos contra transportistas y ciudadanos”, afirmó el ministro Prieto. El funcionario subrayó que el desmantelamiento de estas antenas es una respuesta directa al incremento de la inseguridad en el primer puerto, donde las bandas criminales utilizan tecnología clandestina para vulnerar la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
La fiscalización inopinada forma parte de una estrategia nacional que durante el 2025 logró ejecutar más de 100 operativos, resultando en la incautación de 137 equipos ilegales. Estas cifras superaron las metas anuales del MTC, evidenciando la proliferación de infraestructura pirata en las zonas urbanas que rodean las prisiones del país.
Proyecciones para el 2026
Para el presente año, el MTC ha anunciado un plan de intervención que abarca 24 centros penitenciarios a nivel nacional. Las acciones se centrarán en verificar el cumplimiento de los sistemas de bloqueo de señales y en erradicar estaciones clandestinas que pretendan restablecer la conectividad de los reos.
Con este despliegue, el Gobierno busca garantizar que el aislamiento tecnológico de los delincuentes sea efectivo, reduciendo la capacidad operativa de las mafias que dirigen redes de extorsión desde el pabellón de los penales hacia las calles de la capital.