En el marco de la campaña hacia los comicios de abril, el candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, manifestó su sorpresa ante la revelación de que 14 integrantes de sus listas legislativas presentan antecedentes judiciales. “Yo me acabo de enterar ahorita”, declaró el exgobernador regional tras una actividad proselitista en el distrito de Jesús María.
Acuña reconoció que el partido debió ser más riguroso en el filtro de sus cuadros, admitiendo que la comisión especial encargada de la selección de candidatos no tomó en cuenta los antecedentes penales de varios postulantes. Pese al cuestionamiento, el líder apepista evitó anunciar medidas correctivas inmediatas y señaló que “el mejor juez es la población” al momento de emitir su voto.
El panorama de las sentencias en la campaña
La situación de APP no es aislada. Un reciente informe reveló que un total de 252 candidatos a nivel nacional registran sentencias firmes por delitos que van desde el incumplimiento de obligación alimentaria y peculado, hasta homicidio culposo y violencia familiar. En este ranking de agrupaciones con candidatos sentenciados, APP ocupa el tercer lugar con 14 postulantes, superado únicamente por Podemos Perú (19) y Fuerza Popular (15).
La información, extraída de las propias hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pone en entredicho el discurso de renovación institucional que los partidos promueven en sus planes de gobierno. Al respecto, Acuña sostuvo que su agrupación busca “limpiar la imagen del Congreso”, aunque el registro oficial de sus candidatos contradiga dicha intención.
Omisiones y posibles exclusiones
El proceso electoral también enfrenta controversias por la presunta omisión de información judicial. En el caso de la fórmula de “Un Camino Diferente”, se ha solicitado la exclusión del candidato a la vicepresidencia, Arturo Fernández, por no haber consignado una condena vigente por difamación agravada en su declaración jurada.
Este escenario incrementa la presión sobre los entes electorales y los partidos políticos para garantizar la idoneidad de quienes aspiran a cargos públicos, en un contexto donde la probidad de los candidatos se ha convertido en el eje central del debate ciudadano.