El expresidente Ollanta Humala Tasso rompió el silencio desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo para reclamar su inmediata excarcelación. Su defensa se ampara en el reciente archivamiento definitivo del caso ‘Cócteles’, proceso que involucraba a Keiko Fujimori y donde los altos tribunales del país establecieron que el financiamiento de campañas electorales no puede ser tipificado como lavado de activos bajo la legislación vigente en los años 2006 y 2011.
A través de un mensaje difundido a la opinión pública, Humala cuestionó la disparidad de criterios en el sistema de justicia. “El 15 de enero del 2026 cumpliré nueve meses en prisión por un hecho que hoy el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que no es delito. ¿Por qué sigo en prisión?”, increpó el exmandatario, cuya esposa, Nadine Heredia, se encuentra actualmente asilada en Brasil.
El principio de igualdad ante la ley
La defensa técnica del líder nacionalista, encabezada por el abogado César Nakazaki, sostiene que Ollanta Humala se ha convertido en un “detenido arbitrario”. Según el jurista, las sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional sientan un precedente de cumplimiento obligatorio para todos los jueces, lo que debería detener cualquier proceso o medida restrictiva por hechos análogos.
“Es imperativo que el caso del Partido Nacionalista acabe, porque están presas personas por los mismos hechos que los tribunales ya declararon lícitos”, señaló Nakazaki en declaraciones recientes.
Un proceso de una década
Humala denunció que su entorno familiar y político ha enfrentado un “acoso judicial” por más de diez años, marcado por restricciones y lo que calificó como una “sentencia prevaricadora” sin pruebas ni testigos. El exmandatario enfatizó que su situación actual vulnera el derecho constitucional a la igualdad, dado que los aportes recibidos para sus campañas de 2006 y 2011 poseen la misma naturaleza jurídica que aquellos por los que la dirigencia de Fuerza Popular fue exonerada.
El debate jurídico ahora se centra en la distinción entre soborno (cohecho) y donaciones electorales. Mientras que el soborno es perseguible bajo cualquier circunstancia, el financiamiento político no estaba tipificado como delito de lavado de activos en los periodos cuestionados. Para la defensa de Humala, mantenerlo en prisión no solo es una falta jurídica, sino una muestra del daño causado al sistema de partidos por interpretaciones fiscales erróneas.